1.-El elevado coste de
heredar en Andalucía

 

En
Andalucía la exención de dicho impuesto es para los primeros 175.000 euros si se
trata de familiares directos. En otras comunidades como Galicia, se exime hasta
los primeros 400.000 euros. La organización denuncia que dentro de un mismo país
algunos deban pagar más por heredar y otros menos y pide al próximo Gobierno que
unifique criterios eliminando el impuesto. Asaja ha instado a la presidenta de
la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a que introduzca mejoras en la fiscalidad
andaluza para fomentar el relevo generacional en el campo.  Se han trasladado
una batería de propuestas para reformular el impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, de manera que se establezca una reducción específica adaptada a la
realidad agraria similar a la que ya han adoptado el resto de comunidades
autónomas de España. Tras analizar todas las legislaciones fiscales autonómicas,
se constata que Andalucía es la única que no establece una reducción o deducción
específica para el sector agrario. La fiscalidad agraria de Andalucía lleva a
que muchos agricultores que reciben una explotación, en el momento de la
sucesión y ante las inasumibles cuantías del impuesto de Sucesiones y
Donaciones, cuyos dos últimos tramos subieron además exclusivamente en Andalucía
en 2009, no pueden asumir el pago, y dado que no se admite la dación en pago con
parte de la explotación, se ven obligados a renunciar a la herencia.

 

Asaja ha
solicitado que el Gobierno autonómico introduzca cuatro modificaciones básicas:

 

1º.- No
exigencia del requisito de ejercicio habitual, personal y directo, y de
principal fuente de renta, en la persona del causante, sino en los cónyuges,
descendientes, y colaterales hasta el tercer grado, ya sea:

 

•       
Mediante contrato laboral remunerado con el titular de la explotación (tal y
como se establece en la Ley del Impuesto de Patrimonio para sociedades)

 

•       
Mediante la explotación directa de éstos, en caso de que les sean cedidas las
fincas (por ejemplo en arrendamiento).

 

2º.- No
exigencia del requisito del principal fuente de renta, o, en todo caso,
exigencia sin incluir las ganancias y pérdidas patrimoniales y pudiendo cumplir
los requisitos en cualquiera de los tres años anteriores al fallecimiento, o en
cualquiera de los cinco años, en el caso de que se produzcan circunstancias
excepcionales de daños reiteradamente, por motivo de sequías, heladas,
inundaciones u otras causas similares.

 

3º.-
Reducción propia del 99% para aquellas fincas de dedicación forestal a las que
se refiere la D. A. 4ª de la Ley de IRPF, esto es, las gestionadas de acuerdo
con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes, planes
dasocráticos o planes de repoblación forestal aprobadas por la administración
forestal competente, siempre que el período de producción medio, según la
especie de que se trate, determinado en cada caso por la Administración forestal
competente, sea igual o superior a 20 años.

 

4º.-
Establecer la posibilidad de pago del impuesto con bienes de la herencia cuando
no haya liquidez en la misma, esto es, la dación en pago.

 

2.-Graves problemas  para
tramitar la PAC

 

La
Consejería de Agricultura de Andalucía, la región con más agricultores de
España, carece de los medios técnicos y humanos suficientes para tramitar y
gestionar adecuadamente las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Casi un
mes y medio después de que se abriera el plazo para la solicitud de estos pagos
que concede la Unión Europea y que representan el 30% de los ingresos del campo
andaluz los agricultores y ganaderos no cuentan aún con la normativa que los
regula, no han tenido respuesta a la solicitud de ayudas agroambientales ni a
las alegaciones y correcciones de errores de la campaña anterior y además,
durante las tres primeras semanas del periodo oficial de solicitud, ha estado
inoperativa la plataforma informática para tramitar las ayudas. 

 

Esta
ceremonia de la confusión se ve agravada en la presente campaña por la
confluencia en los 42 días que quedan hasta el 30 de abril de trámites y
gestiones que antes se podían hacer a lo largo de todo el año. En esta
particular “cuaresma” los agricultores y ganaderos que quieran mantener su
actividad, cumplir la normativa y percibir los pagos de Bruselas deben
presentar: la solicitud de ayudas del pago básico y el pago verde, la solicitud
de ayudas asociadas, las ayudas agroambientales, las cesiones y traspasos de
derechos, así como las alegaciones al SIGPAC, para corregir los errores que
detecten en el sistema de información geográfico de parcelas.

 

La
presentación de toda la documentación y la realización todos estos trámites, que
es ya de por si compleja en un periodo tan corto, se torna una misión imposible
si se carece de la normativa que la regula. Aún no contamos con la orden de
ayudas agroambientales para los sistemas leñosos (vid y almendro), para la
dehesa, para la uva pasa o el castaño; no tenemos aún las resoluciones de las
ayudas agroambientales de la campaña 2015 (algodón, remolacha, arroz, olivar,
apicultura, razas autóctonas y agricultura y ganadería ecológica, entre otras);
está también pendiente de publicación el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos
(CAP), fundamental para que los ganaderos conozcan cuál es la superficie de su
explotación por la que pueden solicitar la ayuda, está igualmente pendiente de
publicación el censo de la dehesa, requisito imprescindible para solicitar la
ayuda agroambiental de la dehesa; tampoco se ha publicado la orden del SIGPAC
2016, por lo que no se pueden presentar alegaciones para corregir los errores
detectados, y además están aún sin notificar las alegaciones al SIGPAC de 2015,
por lo que el agricultor no sabe si la denuncia del error que detectó la pasada
campaña ha sido atendida y corregida o no.

 

3.-La amenaza al sistema
de módulos agrarios de partidos como Podemos, PSOE y Ciudadanos

 

ASAJA considera inasumible para el sector agrario la propuesta recogida en el
documento de consenso suscrito entre el Partido Socialista y Ciudadanos que
contempla una reforma del sistema de módulos que desnaturaliza su razón de ser y
pierde eficacia para este sector. Por su parte, Podemos va mas allá y propone
eliminar, con carácter general, el régimen de estimación objetiva en materia de
actividades económicas, eliminación pues de los módulos del IRPF en el sector
agrario. Esto supone en opinión de ASAJA un claro ataque frontal a los
agricultores y ganaderos.

 

La
propuesta conjunta del PSOE y Ciudadanos de realizar una reforma del sistema de
módulos, haciendo que este se encuentre menos vinculado al tipo o sector de
actividad y más a los niveles máximos de ingresos y ventas, carece de sentido,
en opinión de ASAJA, máxime cuando los módulos están confeccionados para los
niveles de ingresos medios y bajos ya que para niveles de ingreso altos ya está
el régimen de estimación directa del IRPF. En suma, esta propuesta supone que en
el sector agrario desaparecerían los módulos, tal y como, defendía Ciudadanos en
su programa electoral.

 

Desde
ASAJA pensamos que aquellos que proponen este tipo de medidas desconocen
absolutamente la situación fiscal de los sectores económicos y productivos de
nuestro país. Concretamente en el sector agrario el régimen de estimación
objetiva del IRPF, resulta ser, con más de un millón de declarantes, el régimen
mayoritario elegido por el 90 % de las explotaciones agrarias para tributar.

 

El
sistema, que es cómodo y sencillo de aplicar, está además fuertemente arraigado
en el sector. Prueba de ello es que la cifra de declarantes ha permanecido
constante desde su implantación en el año 95. Además desde el punto de vista de
la lucha contra el fraude, el régimen de módulos de la agricultura resulta más
transparente que cualquier otro, puesto que se obliga a los contribuyentes a
declarar directamente los ingresos obtenidos en el ejercicio de la actividad.

Además
deberían conocer que el régimen de estimación objetiva del IRPF en agricultura
está ligado al régimen especial agrario de IVA por el cual el agricultor no se
deduce las cuotas de IVA soportadas en las adquisiciones de bienes o servicios
empleados en la actividad y a cambio reciben una compensación a tanto alzado por
la entrega y ventas de sus producciones de un 12 % en agricultura y de un 10,5 %
en ganadería del precio de la venta. Por lo tanto también desaparecería este
régimen de IVA con la eliminación de los módulos del IRPF.

 

4.-Una ley del olivar sin
suficiente apoyo económico y un  PDRA aún sin desarrollar

 

La ley del Olivar nació
con vocación de potenciar el sector agrario por antonomasia en la comunidad
andaluza. Sin embargo, buenas palabras e intenciones no son suficientes si no se
avalan por un presupuesto potente. Vinculada directamente al nuevo Plan de
Desarrollo Rural Andaluz (PDRA), aún inactivo, difícilmente se puede ejecutar
dicha ley si no cuenta ni con dinero ni con los reglamentos necesarios para
desarrollarla. Desde ASAJA-Jaén insistimos en la necesidad de apostar, dentro de
esta ley y fuera de ella, por las políticas dedicadas a la modernización y
competitividad del cultivo (plan urgente de reconversión para el olivar
tradicional), único modo de asegurar su supervivencia futura, mantener su
rentabilidad y proteger a Andalucía y a Jaén como cunas mundiales del aceite de
oliva.

 

5.- La modificación del
seguro del olivar  ha dejado desprotegido al sector

 

El nuevo seguro del
olivar, aprobado por Agroseguro, publicado en BOE y que entró en vigor por
primera vez en esta campaña, deja totalmente desprotegido al sector olivarero.
Las coberturas disminuyen los costes de contratación aumentan. Es especialmente
inefectivo con los nuevos asegurados. Desde ASAJA llevamos meses luchando por
solventar la situación y lograr un seguro que dé cobertura al olivar, un negocio
sin puertas ni techos cuya única herramienta protectora es el propio seguro.

 

6.-Amenaza a los pastos y
zonas agrícolas en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas:

 

El Plan de Ordenación de
los recursos naturales del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las villas
establece distintas categorías o zonas de delimitación alas que se le aplican
diferentes grados de conservación y utilización de dichos espacios. La zona A es
la zona de reserva, la B es la de regulación especial; la C, de regulación Común
y la D, área excluida de la zonificación especial.

 

Tras la reunión de la
junta rectora del parque del pasado 23 de febrero, se puso de manifiesto que
tanto en el Plan de Ordenación como en el Plan de Uso y Gestión del Parque, que
se pretende excluir de las zonas de regulación común  a las zonas de pastos
(zonas no arboladas) para incluirlas en las zonas B, de regulación especial.

 

Mucho nos tememos que va a
suponer un serio perjuicio para los habitantes y ayuntamientos del parque que
tienen allí sus terrenos, especialmente para la ganadería que pasta en dichos
espacios, ya que de un plumazo la Consejería de Medio Ambiente pretende eliminar
esta categoría de pastos incluyéndolo en la zona b de regulación especial como
si fuese zona arbolada, chocando directamente con los intereses de cientos de
agricultores y ganaderos que en sus declaraciones de cultivo tienen incluidas
dichas parcelas con catalogaciones de agrícolas o de pastos. Esto entra en una
posible contradicción en la propia Administración andaluza. Para no incurrir en
posibles sanciones en la UE por falsedad de documentos, ya que podemos
encontrarnos con parcelas que si preguntas a la Consejería están catalogadas
como pastos y si preguntas ala de Medio Ambiente, estarán catalogadas como
forestales, con la terrible confusión que esto puede producir.

 

Los plazos y los
documentos que ha habilitado la Junta de Andalucía para poder alegar a todos los
interesados (posiblemente varios miles) de 30 días son a todas luces
insuficientes para que se puedan producir estas alegaciones y estas
comprobaciones sobre los planos que facilita la Consejería de Medio Ambiente Son
de una definición insuficiente

 

Referente a la no
inclusión de la categoría de pastos en la zona de regulación común, no
entendemos esta falta de catalogación, habida cuenta que la propia Junta
articula una ley específica para la Dehesa y que la zona de pastos y adehesadas
del parque no estén contempladas en dicha catalogación. Existe ahora mismo una
disputa con la propia Unión Europea para conseguir que se incremente en las
zonas adehesadas y de sierra el CAP (Coeficiente de Admisibilidad de pastos) ya
que muchas zonas de monte mediterráneo hay especies que son perfectamente
pastables. En este desarrollo están muy interesados muchos de los ayuntamientos
que componen el parque natural. Por tanto, rogamos a esa consejería que
introduzca las zonas de pastos y dehesas dentro de la catalogación de regulación
común sacándolo de las zonas de regulación especial o, por el contrario, que
hagan una catalogación específica para estos terrenos, como estaban en los
anteriores planes.

 

7.- Falta de apoyo de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para implantación de los riegos de
Presa de Siles en la Sierra de Segura

 

Tras la inauguración de la
Presa de Siles el pasado, desde ASAJA-Jaén hemos luchado porque dicha Presa sea
realmente una infraestructura que dinamice la economía agraria de los municipios
de la zona. Sin embargo, y a pesar de las alegaciones presentadas al plan de
cuenca y ante la Administración Central, las dotaciones de agua establecidas
para el regadío son inferiores a las que la infraestructura puede ofrecer. Tras
decidirlo así junto a la Comunidad de Regantes ‘Asociación de Regantes de la
Presa de Siles’, ASAJA-Jaén ha pedido a los diferentes grupos políticos de los
ayuntamientos de la Sierra de Segura (Siles, Orcera, Benatae, Torres de
Albanchez, Segura de la Sierra, La Puerta de Segura, Puente de Génave, Arroyo
del Ojanco, Villarrodrigo, Beas y Génave) que lleven a sus plenos la propuesta
de la organización y de la de ampliar la superficie regable con el agua de la
presa y la dotación de agua, así como que se declaren de interés social y
económico las obras de canalización de los riegos. Insiste en que es más que
necesaria la ampliación de las 3.500 hectáreas regables contempladas
actualmente, así como la dotación de agua. La organización considera que no
tiene sentido alguno no dar más agua, cuando la presa, diseñada en un principio
para acumular 20 hectómetros cúbicos de agua, cuenta finalmente con una
capacidad de 30 hectómetros

 

8.-Los ecologistas y su
intención de conocer los documentos privados de los cotos de caza :

 

El colectivo Ecologistas
en Acción ha solicitado tener copia de los Planes Técnicos de Caza de todos los
cotos andaluces. Desde ASAJA-Jaén hemos seguido la línea de nuestros compañeros
de Sevilla y hemos pedido a la Delegación Territorial de Agricultura y Medio
Ambiente que se deniegue dicha solicitud. No en vano, los Planes Técnicos de
Caza son documentos privados y particulares. Su revelación a Ecologistas en
Acción o cualquier otro colectivo supone vulneraciones varias de derechos de los
propietarios de los cotos de caza que no se justifica de forma alguna con la
falsa y extrema labor conservacionista  de los ecologistas.

 

9. -Consecuencias de que
se reintroduzca el lobo en Andújar

 

En octubre de 2015, la
Consejería anunció que va a impulsar un programa
para reintroducir el lobo ibérico en la Sierra de Andújar tras constatar la
presencia de algunos ejemplares de este animal salvaje. Desde
ASAJA-Jaén mostramos nuestra preocupación por estos programas, máxime siendo
perfectamente conocedores de los problemas que los cánidos causan en las
explotaciones ganaderas de zonas como Ávila o Salamanca, donde las pérdidas por
ataques de lobo son casi diarias.

 

Pese a que consideramos oportuno investigar y velar por las especies extinguidas
o en peligro de extinción, consideramos que siempre se debe de hacer de forma
compatible con el desarrollo de la actividad agroganadera de la zona, que es la
que genera el empleo y evita la despoblación en las zonas rurales.