CCOO de Extremadura urge al Gobierno central y a los grupos políticos en el Congreso a adaptar lo antes posible la legislación española a la Directiva Europea sobre Tabaco por los efectos positivos que puede provocar esta normativa para garantizar la pervivencia del cultivo y la producción en Extremadura, un sector con amplia repercusión en el empleo y necesitado de buenas noticias.
Esta directiva, que debería ser trasladada antes del 20 de mayo, es importante para el sector porque aclararía las reglas del juego del mercado del tabaco a largo plazo.

Cuando esté vigente, se firmarán contratos de compra asegurados por períodos renovables de tres años, con precios indicativos mínimos en función de la calidad del tabaco, que en Extremadura es muy alta.

En definitiva, sería un factor que generaría estabilidad en el sector frente a otras cuestiones negativas como el anuncio del posible cierre de la planta de tabaco de Altadis en la Rioja, que están provocando inseguridad y preocupación lógicas.

La Trasposición de la Directiva alejaría el peligro, también, del empaquetado genérico, al consagrar las medidas establecidas en la propia directiva que fueron adoptadas por consenso de todas las partes implicadas en la cadena de valor del tabaco.

Hay que destacar la relevancia que el sector del tabaco tiene para Extremadura con más de 20.000 familias directamente relacionadas con la producción en el norte extremeño y más de 7.000 empleos directos, indirectos e inducidos dependientes del sector.

Desde CCOO se viene apostando además por un amplio frente común en Extremadura desde el ámbito político, social y económico en defensa del empleo en este sector, en el que tantos esfuerzos e inversiones se han realizado en los últimos años y que, además de generar empleo estable y de calidad, es altamente competitivo y posee un valor añadido considerable para la economía regional.

No hay que olvidar que una de las principales empresa de la región, la industria pública CETARSA, tiene una plantilla actual de 446 personas de las que cerca del 80 por ciento son fijos discontinuos con contratos de una duración media de seis a nueve meses y cuyos puestos de trabajo dependen directamente de que se mantengan los niveles de contratación y producción.