La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y a la Agencia Española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición (AECOSAN) la adaptación de la normativa higiénico-sanitaria comunitaria para facilitar la venta directa de la carne de conejo del productor al consumidor.

El sector cunícola atraviesa un escenario de descapitalización muy agresivo, caracterizado por una situación de bajos precios (por debajo de costes), escaso consumo interno, exceso de oferta y dificultades a la hora de dar una mayor salida al exterior. “La situación de falta de rentabilidad de las explotaciones hace necesario encontrar sistemas de comercialización alternativos que supongan un valor añadido de las producciones, como es el caso de la venta directa, tal y como se realiza en otros Estados comunitarios como Italia, Francia y Bélgica”, ha subrayado José Luis Santaclara, responsable del sector cunícola de COAG.

El Reglamento (CE) No 853/2004 establece normas en materia de higiene de los alimentos de origen animal, tanto transformados como sin transformar, pero no se aplica al suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de carne procedente de aves de corral y lagomorfos. Los Estados Miembros pueden adoptar medidas nacionales de adaptación de los requisitos específicos del anexo III de dicho Reglamento.

Durante varias reuniones bilaterales, COAG ha solicitado a la AECOSAN y al MAGRAMA que se autoricen los mataderos en explotación y unos requisitos más asequibles para los mataderos de pequeña capacidad, tal y como sucede en Francia o Austria. “De esta manera, se facilita al ganadero optar por ambas opciones de sacrificio. Aquellos que por sus circunstancias económicas y/o pequeña producción, no puedan desarrollar el sacrificio en explotación, podrían derivar sus productos a pequeños mataderos locales”, ha puntualizado, Jose Luís Santaclara, responsable del sector cunícola de COAG.

Muchos de estos mataderos locales estaban activos hace años, utilizándose para el sacrificio de ganaderías de la zona y destinando la producción a su consumo en el entorno rural en el que se encontraban. Tras el cierre de los mismos, la población rural perdió el acceso al mercado de conejos producidos en la zona, las cuales disfrutaban de unas notables cualidades organolépticas, como son la frescura o el sabor. La venta directa en muchos casos resulta ser la única vía para llegar a ciertos consumidores, generalmente localizados en el medio rural.

Asimismo, COAG apuesta por la autorización del despiece y procesado, al igual que en Francia. De esta manera, el ganadero puede participar en mayor medida en la cadena de valor, pudiendo sacar una mayor rentabilidad a su producción. COAG propone que este sistema sea válido para todo tipo de especies cunícolas, si bien considera que este modelo se debería limitar a pequeñas o medianas explotaciones, las cuales no pueden disfrutar de economías de escala y por tanto, los vaivenes del mercado de las carnes y las materias primas les impactan en mayor medida que a las grandes explotaciones. En cuanto a las modalidades de venta, COAG aboga por el suministro directo de carne y elaborados de conejo al consumidor final (pudiéndose realizar la venta en la propia explotación o en mercados), así como en establecimientos de venta al por menor.

Respecto al ámbito geográfico, COAG considera que no se puede limitar la venta a la región autonómica, en tanto en cuanto muchos municipios de una Comunidad Autónoma limitan con otras autonomías y deben poder acceder a ese mercado. Además, existen CC.AA. de gran extensión territorial pero con baja densidad de población, por lo que habría que permitir un amplio radio de venta para evitar desigualdades entre las diferentes regiones.

El sector cunícola no cuenta con medidas de mercado específicas dentro de la Política Agraria Común (PAC). Tanto la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea como la de Sanidad y Consumo han afirmado que existe una clara demanda de productos locales comercializados mediante venta directa, los cuales presentan múltiples beneficios desde el punto de vista nutricional, económico, medioambiental, cambio climático o reducción del desperdicio alimentario, entre otros, e instan a potenciar y adaptar la normativa higiénico-sanitaria para favorecer la venta directa de productos agrarios.