España es uno de los países con mayor potencial agrario de la Unión Europea y el primer exportador de frutas y hortalizas frescas del mundo, suponiendo la agricultura y la agroalimentación alrededor de 9% del PIB en 2014. Sin embargo, y muy a pesar de la importancia económica que esto supone, nuestro país es de media, uno de los países más lentos de la UE para registrar un producto fitosanitario, necesaria herramienta del agricultor para paliar las numerosas enfermedades y plagas que afectan a los cultivos. España se sitúa lejos de otros Estados Miembros como Francia, Reino Unido o incluso Alemania en lo que se refiere al plazo para registrar un producto fitosanitario, pudiendo éste llegar hasta los seis años.

El sistema actual, basado en varias autoridades competentes, se caracteriza por su lentitud y falta de coordinación entre los servicios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y el Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad. Todo ello dificulta la aplicación de criterios unificados de evaluación y supone una incoherencia con la tendencia general de la Administración de fomentar la reducción de las cargas administrativas en su seno, tal y como evidencian los informes anuales que emite la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) creada en 2012, y que desde entonces ha trabajado por mejorar la Administración del Estado haciéndola más eficaz y eficiente.

Los problemas del registro de productos fitosanitarios no sólo afectan a la industria fabricante de productos fitosanitarios, sino que supone un claro perjuicio para los agricultores españoles y su competitividad dentro de la Unión Europea y a nivel global. Cuestiones tan sólo de organización administrativa y reparto competencial son la causa principal del problema. Los agricultores llegan tarde a las últimas tecnologías para la protección de cultivos, además de que se ofrece un panorama que desincentiva la inversión de las empresas para poner a disposición de la agricultura nuevas soluciones.

Por todo esto, los abajo firmantes, proponemos la creación de una Autoridad Competente para fitosanitarios: la Agencia de Evaluación Única de Productos Fitosanitarios.

Las Autoridades Competentes más eficaces son aquéllas que actúan de una manera centralizada, con los procesos de administración, evaluación y decisión todos concentrados en un organismo que puede operar con un alto nivel de autonomía. La asignación de partes de la evaluación a departamentos o institutos pertenecientes a diversos Ministerios competentes tiene un efecto adverso sobre la eficiencia del proceso debido a la aplicación de criterios diferentes entre las partes implicadas.

Esta agencia aportaría numerosas mejoras al sistema actual, como una mayor garantía tanto de la protección del medio ambiente y la salud humana, como de la productividad, innovación y competitividad de los recursos agrícolas, promoviendo la sostenibilidad de la agricultura.
Entendemos que una agencia procuraría una mayor eficacia y eficiencia al separar las tareas ejecutivas y de evaluación (Agencia) de las legislativas y administrativas (Ministerios), centralizando las primeras en una única entidad en lugar de los múltiples servicios ministeriales o institutos involucrados.
La agencia aportaría mayor celeridad en el actual procedimiento de registro, acortando los plazos actuales. Supondría también un menor coste para la Administración con la posibilidad de organizar un sistema sostenible en términos financieros ya que siendo una entidad pública podría ver su financiación completada con los precios establecidos para las evaluaciones realizadas, pudiendo ser autofinanciable en un futuro.

Una agencia aportaría mayor predictibilidad asegurando unos criterios de evaluación únicos en todos los pasos de la evaluación y autorización. La agencia mejoraría la coordinación y una menor carga burocrática para la administración y las compañías que registran los productos. También supondría una mayor armonización con los otros Estados miembros de la Unión Europea, caracterizados por su celeridad y eficacia, como por ejemplo: Francia, Reino Unido o Austria.

En definitiva, apoyamos el modelo de Agencia Única de Evaluación, al estar en línea con la Estrategia Europa 2020 que se ha marcado la Comisión Europea, de armonización de procedimientos entre Estados miembros de la Unión Europea, disminución de la carga administrativa, armonización de criterios y de sistemas entre Estados Miembros, fortalecimiento del Mercado Interior, fomento de la eficiencia, la competitividad, la Investigación y Desarrollo, la innovación.

Si nos fijamos en nuestros vecinos europeos más avanzados en la materia, como puede ser el caso de Francia, Austria o Reino Unido, vemos como con el paso del tiempo, lo que empezó siendo una agencia/autoridad única de evaluación de productos fitosanitarios, ha ido ampliando competencias y ha dado paso a una agencia de evaluación de productos químicos y mejorando la organización administrativa. Quizás en un futuro, España también pueda dirigirse progresivamente hacia un modelo similar.