La Comisión Europea comunicó ayer a España la Decisión de Ejecución por la que se aprueba el Programa Operativo de España del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), cuyo plan financiero prevé una movilización de más de 2.000 millones de euros en todo el periodo de programación.

Culmina así el importante trabajo de preparación y coordinación que se ha mantenido con la Comisión Europea desde su presentación oficial, el 16 de febrero de 2015.

A partir de esta aprobación, el compromiso financiero implica que España podrá disponer para la gestión del fondo pesquero de 1.161,6 millones de euros procedentes del presupuesto comunitario. Con esta aportación España se convierte en el primer país perceptor de fondos pesqueros de la Unión Europea, seguida a distancia por Francia, Italia y Polonia, que son, por orden de importancia, los siguientes beneficiarios de este Fondo Europeo.

Este presupuesto comunitario, unido a los 398 millones de euros aportados por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, totalizará un montante de apoyo público para el sector pesquero de 1.558,6 millones de euros. Esta cantidad, unida a la suma de la contribución privada, supondrá una movilización superior a los 2.000 millones de euros para el sector pesquero español durante el período de vigencia del programa que va desde el 1 de enero de 2014, hasta el 31 de diciembre de 2023.

El Programa Operativo, que engloba el conjunto de medidas a desarrollar en el sector pesquero español, tiene el objetivo principal de fomentar una pesca y una acuicultura competitivas, medioambientalmente sostenibles, económicamente viables y socialmente responsables. Tiene también como finalidad impulsar la aplicación de la Política Pesquera Común (PCP) y de la Política Marítima Integrada (PMI), apoyando un desarrollo territorial equilibrado e integrador de las zonas pesqueras y acuícolas, sin olvidar el empleo, la innovación y la competitividad en los sectores marítimos y las regiones costeras.

El Programa hoy aprobado ha sido consensuada con las Comunidades Autónomas, con el sector pesquero y con otras partes interesadas de la sociedad civil.