Con la entrada en vigor de la Ley Agraria de Extremadura , la situación en la que quedan las Denominaciones de Origen extremeñas es de extrema gravedad, ya que se cambia totalmente la filosofía y el status jurídico de las mismas, alerta ASAJA Extremadura. En su opinión, de no tomar medidas por parte de los grupos parlamentarias, se va a abocar a la desaparición de las mismas, a partir del 26 de Junio del 2016.

Las DO pasan a ser asociaciones sin ánimo de lucro de derecho privado. Esta es una cuestión que pese a numerosas alegaciones no fue atendida en la anterior legislatura. Los Consejos Reguladores ni han querido, ni quieren, que las mismas dejen de ser entidades de derecho público, aunque estén sujetas en su funcionamiento al derecho privado.

ASAJA Extremadura no entiende como un bien de naturaleza pública, como es la protección de la singularidad de producciones que son representativas de la región, queden sujetas al capricho de los componentes de los Consejos Reguladores, sin una labor de protección de las Instituciones.

Por otro lado, se amenaza a los miembros de los Consejos Reguladores con multas de hasta 3.000 €, si no realizan estas adaptaciones en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley.

La respuesta de ASAJA EXTREMADURA es clara: las Denominaciones de Origen, y sus Consejos Reguladores, han de seguir siendo entidades de derecho público. Las amenazas de sanciones de 3.000 € a cada uno de los miembros, las van a obviar con la dimisión de todos los representantes y en este caso, se encontrarán, con la ilógica paradoja, que la administración regional habrá de hacerse cargo de algo público para convertirlo privado y gestionarlo, prohibiéndose a sí mismo la posibilidad de subvencionarlo. ¿Será legal este atrevimiento?

Por todo ello, ASAJA Extremadura hace una petición a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, para que procedan a la derogación de la Ley Agraria en todo lo relativo a esta cuestión.