La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha reivindica el espacio privilegiado que deben tener la agricultura y el espacio rural en el Acuerdo Marco para la Recuperación Económica y Social de Castilla-La Mancha, del que la Presidencia de la Junta ha anunciado recientemente la apertura del proceso de concertación.

La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha dirigido sendos escritos al Presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, y al Consejero de Agricultura, Martínez Arroyo, para congratularse de la inclusión de un eje de actuación sobre Agricultura y Sostenibilidad en el futuro Acuerdo Marco para la Recuperación Económica y Social de Castilla-la Mancha. En opinión de la organización no puede obviarse que el 91 % del territorio de Castilla-La Mancha lo constituye el medio rural, en cuyo tejido socio-económico, que sostiene a cerca del 50 % de la demografía de la región, tienen un peso sustancial la agricultura y la ganadería.

Esta actividad aporta del orden de 3.800 millones de euros a la economía regional en términos de Producción Final Agraria, a los que habría que añadir unos 7.500 millones de euros de ventas netas de la industria agroalimentaria. Además, en el entorno de las 150.000 personas mantienen una actividad agraria de mayo o menor dimensión, a los que se suman cerca de otros 25.000 empleos directos en la industria agroalimentaria.

La organización considera, pues, imprescindible contar con este sector y su capital humano por la contribución que puede hacer a los planes de recuperación económica y social de la región. No obstante, la Unión de Uniones considera que deben adoptarse medidas que inviertan la tendencia de los últimos años a la caída de las rentas agrarias y la pérdida de activos.

La organización reconoce que muchas de las actuaciones que cabe realizar -como por ejemplo en materia de reorientación de la PAC, revisión de acuerdos internacionales, fiscalidad y seguridad social agrarias- exceden de las responsabilidades de la Junta de Comunidades. Sin embargo, la Comunidad Autónoma tiene las competencias transferidas en materia agraria y debe ejercer su margen para llevar a cabo una política agraria regional propia.

En este sentido, la Unión de Uniones, que confía en que la concertación de las medidas a incluir en el Acuerdo Marco sea tan abierta como el Presidente ha anunciado, entiende que hay varios campos específicos en los que deben acometerse actuaciones decididas. Entre los mismos, la organización citaría: la erradicación de las prácticas que pervierten el funcionamiento de la cadena alimentaria y hunden los precios al agricultor y ganadero encareciéndolos para el consumidor; la modernización del regadío y la disposición de recursos hídricos suficientes para las demandas de la región; la compatibilización de la actividad agraria con la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad; la mejora estructural de explotaciones y la incorporación de jóvenes; y la investigación enfocada a las necesidades del sector y la implementación real de sus resultados en el campo.

La Unión de Uniones subraya que estas actuaciones, y otras necesarias, son inviables sin un esfuerzo de la Junta de Comunidades en la recuperación del gasto público, particularmente de recursos regionales. La organización recuerda que entre 2011 y 2015, la aportación de recursos de la Junta a las cuentas de la Consejería de Agricultura se ha recortado en un 60%, pasando de 254 millones de euros a 100 millones de euros. Estas cifras son absolutamente insuficientes para abordar una política agraria con objetivos propios y también para responder a los compromisos de financiación del Plan de Desarrollo Rural de manera que no se pierdan fondos europeos.

Por lo tanto, la organización estima que la voluntad política de sacar adelante un Acuerdo Marco de Recuperación Económica y Social en el que la agricultura juegue el papel que le corresponde debe manifestarse ya en los próximos presupuestos de la Consejería de Agricultura con un incremento notable de los recursos de la Junta.