La Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) publicó ayer su informe en relación con el Código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria. Este Código ha sido impulsado por el Ministerio de Agricultura y consensuado con el sector para lograr mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales. El informe de Competencia es un nuevo varapalo a los intentos de administración y sector de impedir la banalización de los productos agrarios y mejorar el peso del productor en la cadena productiva. El informe es una sucesión de continúas críticas a puntos clave del Código.

Luchar contra la venta a pérdidas es una de las demandas más importantes del sector productor para dar valor a la cadena productiva. Sin embargo, para la Comisión de la Competencia sería poco razonable prohibir o criticar de forma generalizada la venta a pérdida, ya que en determinadas situaciones podría resultar ventajosa para el consumidor. Competencia parece que se fija solo en el último eslabón de la cadena, obviando al resto.

En relación con la practica de venta de productos agrarios de proximidad, Competencia no se muestra favorable hacia los intereses del sector productor que podría de esta forma acortar la cadena. Competencia la ve como una práctica, que en su opinión, puede afectar a la libre competencia y que puede alterar negativamente las decisiones de compra, introduciendo restricciones geográficas indebidas que deben ser evitadas.

Competencia tampoco ve bien que los operadores adheridos tengan prioridad o especial consideración en la obtención de ayudas y subvenciones, ya que la voluntariedad de adhesión al mismo estaría condicionada.

Competencia señala que el desequilibrio en el poder negociador en la cadena no justifica que se tenga que intervenir, si bien señala que lo problemático es el abuso de este poder de negociación. Sin embargo, Competencia no cuantifica cuando se da esa situación de abuso, es decir, cuando el desequilibrio es tal, que ya es abuso de poder y entonces ya si justificaría la intervención. Además, incide en que no cree que el problema sea la ausencia de legislación sino la falta de incentivos para denunciar situaciones irregulares y de un sistema fuerte de detección de oficio por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, Compentecia critica los distintos mecanismos de resolución de discrepancias previstos. Propone la eliminación del procedimiento previo de reclamación ante un nivel superior de la empresa (“defensor del cliente y del proveedor” ) por considerar que su imparcialidad es cuestionable. Propone un sistema de mediación en el que los mediadores no solo sean externos sino también más claramente independientes.