Como si de una tragicomedia se tratase, y bajo el bélico título de “La guerra del agua”, se ha puesto en escena una de las obras más expectantes de los últimos tiempos y apta para todos los públicos, la misma que todos los años.

Los personajes, representados por políticos (presidentes, consejeros, directores generales, delegados, alcaldes, concejales y diputados…) y por agentes sociales (ecologistas, deportistas, plataformas…) improvisan con mensajes emocionales y estridentes titulares para actuar en el gran espacio de debate ficticio que ofrecen los medios de comunicación, en donde se exponen las necesidades, fundamentalmente de los agricultores, pero en un escenario donde no hay ni competencia, ni capacidad de resolver.

Por eso ahí, en los medios de comunicación, tampoco tienen efecto las acciones de protesta o reivindicación. Porque en el momento en el que se genera el debate de cómo, quiénes y cuándo, el objetivo se diluye.

Y así, mientras unos aplauden y otros silban o abuchean los discursos políticos o las provocaciones del día, “La guerra del agua” acabará convirtiéndose en real, pues las necesidades están latentes y los ojos de quienes las sufren, se irritan observando la obra faraónica que se lleva la riqueza a otro lugar mientras aquí deja la sequía y la pobreza.

Los diálogos utilizados apelan a la parte emocional del ser humano, pues a nadie le interesa plantear lo que conlleva la lógica. Ya en sus tiempos Séneca decía “tengo bien presente que el hombre es un compuesto de dos partes, una de las cuales es irracional, y ésta siente las mordeduras, las llamas, el dolor; la otra es racional, es inconmovible en sus convicciones, intrépida, inadomable”.

Por ello, en vez de hablar de solidaridad, necesidades hídricas, vertebración territorial, etc., deberían centrarse en cuestiones como la gestión, el análisis y la justicia.

Porque el verdadero problema del agua es que ni unos ni otros tienen coraje y decisión para enfrentarse a él, pues si las leyes publicadas en el Boletín Oficial del Estado, con el paso del tiempo generan una injusticia, hay que cambiarlas, pues el Estado de Derecho está para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, no para creárselas. Y porque además, faltan análisis y estudios fiables de cuánto se paga y a dónde va el agua.

Por tanto, si no hay gestión es porque no hay voluntad política. Si no hay estudios o investigaciones reales de lo que pasa o deja de pasar con el agua, es porque no hay transparencia y sí alguna que otra mano negra por detrás, y si la normativa hidráulica no se cumple y no hay justicia es porque desde la irresponsabilidad se esconden intereses creados.

Así que si Castilla-La Mancha tuviera que apelar a la emoción, recordaría la inmensa generosidad de sus agricultores, los que miran correr la riqueza a otras tierras, a pesar de que el agua, antes de llegar “allí”, pasa por “aquí”.

Pero si apelamos a la razón, basta con echar mano de la poca información con la que contamos, como los datos que se derivan de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos (ESYRCE) 2014 publicada por el MAGRAMA.

En Castilla-La Mancha, de la superficie de cultivo existente, el 13,6% es regadío. En Murcia, ese porcentaje es el 38,7%. Y en la Comunidad Valenciana, un 44,4%.

Además, una hectárea tiene una productividad seis veces superior a una de secano y genera una renta cuatro veces superior.
Ahora bien, ¿le interesa al director de este sainete la lógica y la justicia? Saquen sus propias conclusiones.