Desde la organización agraria señalan que las circunstancias actuales, con una previsión de campaña corta (en torno a los 20 millones de hectólitros); el significativo aumento de las exportaciones y un menor volumen de existencias respecto a campaña anteriores deben traducirse en un aumento significativo de precios en relación a años anteriores.

En cuanto a los contratos, señalan que deben estar firmados y con el precio recogido antes de que comience la entrega de uva a las bodegas, resultando “inexplicable” que aún haya relaciones contractuales sin rubricar.

Sobre los precios instan al sector industrial a recoger la realidad y circunstancias de los mercados y a hacerlos públicos ya, contemplándolos además de una forma clara y transparente en los contratos de compraventa de uva.

Finalmente, sobre el plazo de pago recuerdan que las bodegas deben realizarlo treinta días después de la última entrega, según estipula la ley para productos perecederos.