El sector apícola a través de las Organizaciones Profesionales Agrarias (ASAJA, COAG y UPA) y las Cooperativas Agroalimentarias han trasladado en diversas reuniones al Ministerio de Agricultura y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) los problemas existentes en la práctica de la apicultura trashumante por la existencia de la gran diversidad de regulaciones hacia la apicultura tanto por parte de las CC.AA. como de los ayuntamientos.

La gran mayoría de los apicultores profesionales (aquellos que tienen más de 150 colmenas) practican la trashumancia, y poseen el 80 % de los 2,5 millones de colmenas en España. Pero esta práctica está teniendo graves problemas en especial en determinadas Comunidades Autónomas (fundamentalmente en el norte del país) y cada vez en mayor número de localidades. Esta situación es debida a la existencia de diferentes regulaciones en materia de distancias, tasas, condicionantes ambientales y otro tipo de requisitos desarrollados en las normativas autonómicas y ordenanzas municipales, ya que pese a que desde la administración se están haciendo esfuerzos por la disminución y simplificación de cargas administrativas, este esfuerzo no se está viendo reflejado en la apicultura trashumante que cada vez requiere de mayor número de permisos y licencias en muchos casos duplicados.

El Real Decreto 209/2002 relativo a las normas de ordenación de las explotaciones apícolas establece una serie de distancias mínimas que deben respetar los asentamientos apícolas, distancias que difieren en gran medida según las normas que han elaborado y aplicado las Comunidades Autónomas, incluso para el caso de las distancias mínimas entre asentamientos apícolas no existe regulación a nivel estatal y está provocando uno de los mayores problemas para los apicultores trashumantes.

Aparte de la diversidad en la aplicación de las distancias, existen otra serie de medidas que se están adoptando por parte de diversos ayuntamientos relativas a determinados tipos de impuestos y tasas, licencias ambientales y otra serie de requisitos que están ocasionando graves perjuicios a los apicultores que realizan la trashumancia.

Con objeto de poder resolver este problema las organizaciones antes referidas se han reunido en los últimos días tanto con altos cargos del Ministerio de Agricultura como con representantes de la FEMP y han solicitado una urgente solución para evitar los perjuicios económicos y de índole social que están causando esta diversidad de medidas, algunas de ellas incluso ilegales, y que de no regularse de una manera coherente, racional y con mayor homogeneidad pueden incrementar de manera muy grave esta problemática.

La respuesta por parte del Ministerio ha sido la de dialogar con las CCAA para trasladar el problema e intentar buscar una solución mientras que por parte de la FEMP también han sido receptivos y tratarán de lograr algún mecanismo con objeto de aminorar la situación actual.