El pleno del Parlamento Europeo que se reunirá entre el 27 y el 30 de este mismo mes de abril tiene previsto votar una moción de resolución sobre la estrategia europea en materia de alcohol que amenaza con poner en riesgo tanto el apoyo con fondos públicos a campañas en defensa del consumo moderado de vino como el resto de ayudas a la promoción en países terceros incluidas en el Plan de Apoyo al sector vitivinícola.
La propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre Estrategia Europea en materia de alcohol, que ha sido enmendada en la Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la pasada semana, contiene medidas sin duda positivas para la prevención del alcoholismo y sus efectos en particular sobre colectivos de riesgo en la población. No obstante, vuelve a cometerse el error, frecuente en diversas instituciones, de no discriminar adecuadamente entre los distintos tipos de bebidas y de consumos.
La propuesta de resolución subrayaría que nunca deben emplearse fondos públicos para promover el consumo de alcohol, en una afirmación que, desprovista de cualquier matiz, atentaría contra las campañas de promoción del vino español en países terceros que son uno de los ejes del Plan Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola. Igualmente atentaría con la posibilidad de realizar campañas informativas en el seno de la UE sobre la diferenciación de los vinos de calidad e impulsar el consumo responsable. Una opción que si bien no se ha contemplado de momento en el Plan Español, contrariamente a la opinión de Unión de Uniones, si se permite a nivel comunitario.
La aprobación del texto afectaría irectamente al trabajo realizado en los últimos años por el programa europeo Wine in Moderation a favor de educar a los consumidores y a la sociedad en general en los valores del vino y sus pautas de consumo ligadas al disfrute pausado y moderado del producto. En España, este programa lo implementa la Federación Española del Vino (FEV) con la colaboración de la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN). Asimismo, la resolución pone en riesgo el apoyo directo a la promoción exterior que se consiguió en la OCM y que ahora podría desaparecer antes de 2018, a pesar de que hay fondos hasta 2020.
Para la FEV, este texto rompe con el consenso alcanzado en la OCM del Vino de 2008, en la que se estableció un puente entre la Dirección General de Agricultura y la de Sanidad y Consumidores, reincorporando un artículo que permitía subvencionar con fondos públicos las campañas de información del sector sobre el consumo abusivo de vino. Este artículo permitió precisamente la puesta en marcha en 2012 de la campaña ‘Quien sabe beber, sabe vivir” por parte de la FEV y la Conferencia de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV). En sus dos primeros años de ejecución, la campaña ha obtenido más de 400 millones de impactos en consumidores, poniendo en valor la moderación en el consumo del vino y contribuyendo así a la estrategia WIM definida en conjunto por todos los actores implicados y comprometida ante las autoridades de salud pública en el marco del Foro Alcohol y Salud de la UE. Por lo tanto, de aprobarse el texto tal cual está, iniciativas como esta están condenadas a desaparecer.
Pero además de este asunto, la resolución que se votará a finales de mes propone revisar los reglamentos en materia de etiquetado para incluir información nutricional y mensajes de advertencia a los consumidores sobre los efectos nocivos del alcohol. De nuevo en este caso, el texto ignora la especificidad de un producto como el vino y pone en cuestión unos reglamentos que fueron objeto de cuidados equilibrios en su momento. Desde la FEV se insta a un mayor nivel de acción en la materia por parte de los Estados miembros, lo cual podría poner en riesgo el funcionamiento del mercado único en la UE.
Por su parte, la Unión de Uniones se reitera, por enésima vez ante un ataque al concepto de vino como producto alimentario componente esencial de la cultura europea, en la necesidad de diferenciarlo de otras bebidas de mucha más alta graduación alcohólica y de distinguir su consumo ligado a elementos culinarios y saludable en términos de moderación, de otros hábitos y conductas de consumo nocivos y peligrosos.
El secretario general de la FEV, Pau Roca, ha denunciado que la moción de resolución “hace trizas” el pacto al que llegaron los gobiernos en el Consejo de ministros de Agricultura en 2007. En este sentido, ha recordado que entonces España renunció a su lista de exigencias y consiguió a cambio dinero y mayor flexibilidad en un paquete acordado. “El acuerdo se está modificando unilateralmente y quizás es el momento para España de hacer reverdecer la reclamación sobre el respeto de la integridad del vino, que el vino sea natural y se produzca sin azúcar exógeno, es decir, que se prohíba la chaptalización en toda Europa y no solo en España”, ha concluido.
La Unión de Uniones requerirá a los eurodiputados que vigilen seriamente la propuesta relativa a la “conveniencia de introducir un precio mínimo por unidad de alcohol”, tal y como se contempla en el texto de la propuesta. Unión de Uniones estaría en contra de una medida de este tipo para el vino, conceptuada como un mero obstáculo económico a su consumo, lo que incidiría negativamente en el consumo de vinos ya en tendencia descendente desde hace años. La organización defiende que el precio del vino, lejos de ser incrementado artificialmente con tintes casi impositivos, debe ser acorde al valor añadido generado a lo largo de la cadena y éste a su vez repartido equilibradamente a lo largo de la misma asegurando al productor de la materia prima, el viticultor, un precio remunerativo por sus uvas, que esté por encima de los costes de producción.
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