La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha solicitado al Consejo de Ministros que, a instancia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, interponga recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, por reconocer a esta comunidad autónoma funciones sobre las comisarías de aguas cuando se trata de una competencia exclusiva del Estado.

La Federación, que adoptó esta decisión de forma unánime en su última Junta Directiva, fundamenta el recurso en que las competencias en materia de aguas que asume Aragón en esta ley –recogida en el Boletín Oficial del Estado- deben ser declaradas nulas de acuerdo a derecho porque, según el artículo 149.1.22ª de la Constitución, “la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma” no son susceptibles de transferencia ni delegación, poniendo de manifiesto que debe ser un único organismo estatal –la confederación hidrográfica de cada demarcación de cuenca- quien centralice la política hidráulica.

De hecho, se “debería haber aprendido la lección” del caso andaluz, ya que al asumir competencias que no le corresponden, el Gobierno de Aragón está pasando por alto la sentencia del Tribunal Constitucional que devolvía al Estado Central las competencias que Andalucía asumió sobre el Guadalquivir, invalidando cualquier argucia legal o política que pretenda “trocear” las funciones de la Administración Central en esta materia.

De esta forma, Fenacore argumenta que esta norma no respeta los principios de unidad de cuenca hidrográfica y unidad de gestión que han servido de inspiración a la legislación internacional de aguas ni el papel de las confederaciones hidrográficas como instituciones consolidadas en las que ya tienen participación las propias comunidades autónomas, incluyendo a todos los usuarios y agentes implicados en la gestión del agua sin extralimitarse en sus competencias.

Además, se sienta un mal precedente, ya que si esta ley se consolida, provocará un efecto contagio en otras comunidades autónomas, como Andalucía y Cataluña, que tienen contemplado en sus reformas estatutarias la asunción de las competencias sobre el dominio público hidráulico, al amparo de la “irresponsabilidad inexplicable” que supuso la reforma del artículo 94 del Texto Refundido la Ley de Aguas.

Según refleja Fenacore en la carta dirigida al Presidente del Gobierno, al margen de su inconstitucionalidad, esta norma es, sobre todo, perjudicial para los usuarios y el medio ambiente porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos, lo que generará duplicidad de órganos administrativos –y por tanto de costes-, además de “guerras del agua” por la distribución de los recursos hídricos, sobre todo, en épocas de sequía.

La necesidad de un pacto nacional del agua

En este sentido, los regantes recuerdan la necesidad de aprobar de forma urgente un pacto nacional que garantice al Estado liderar y coordinar la política hidráulica en España para evitar los enfrentamientos territoriales por este recurso, garantizando el ejercicio de sus competencias constitucionales sobre las aguas que discurren por más de una comunidad autónoma.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “acompañamos esta carta de un manifiesto, que fue sometido al pleno de la asamblea y aprobado por unanimidad en el marco de nuestro congreso nacional de 2010, por el cual los regantes mostramos nuestro rechazo firme y tajante a cualquier invasión de las competencias constitucionales porque es inconcebible que se fracture el principio “el agua es de todos” para dar paso a un modelo insolidario donde los ríos estén divididos de forma artificial por tramos autonómicos, anteponiendo los intereses localistas a los generales”.

Por último, la Federación confirma que con el fin de augurar un horizonte estable del agua en España y evitar que se atente en forma y fondo contra la Carta Magna, hará extensiva la petición de interponer este recurso de inconstitucionalidad a la Defensora del Pueblo, los parlamentos autonómicos, así como a un centenar de diputados y senadores, llegando así a todos los políticos habilitados para poner en marcha esta herramienta jurídica.