La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, se ha reunido con el director general de la Producción Agraria, Rafael Olvera, quien ha anunciado que, tras la publicación de la nueva Orden que establece las medidas de protección contra la lengua azul, serán los ganaderos los que tengan que gestionar la compra de las vacunas del serotipo 1 y 4 para implantarlas antes del 30 de junio de 2015.

A la reunión han asistido el representante de sectores ganaderos de COAG Andalucía, Antonio Rodríguez y el responsable del sector ovino de COAG, Juan Antonio Marchena, y ambos han manifestado su oposición a la propuesta de financiación de la Consejería, en la que traslada a los ganaderos la responsabilidad de comprar las vacunas y carga sobre ellos el coste total de la implantación de ésta.

Rafael Olvera indicó que, a través de la Orden de ayudas a las ADSG se reembolsará el 75% del coste de la compra de las vacunas (de este porcentaje, el 50% procede de la UE y sólo el 25% de la CAP). El reembolso llegaría al 100% si el Ministerio finalmente aporta el 25% restante.

En palabras de Antonio Rodríguez, “aunque se fije ese porcentaje de financiación, los ganaderos van a tener que adelantar el dinero que luego se supone que recuperarán a lo largo del año 2016, aunque no se sabe con seguridad, pues los pagos a las ADSG se ven reducidos cada año por la reducción del presupuesto para sanidad animal, y por otro lado deben hacer frente al coste total de la aplicación de la vacuna”. Durante la primera campaña de las cuatro obligatorias, cada ganadero tendrá que vacunar y revacunar de ambos serotipos a todos los animales sensibles mayores de 3 meses, lo que se traducirá en un aumento sobrevenido de los costes en las explotaciones que aún no se puede determinar, a falta de conocer el importe de la vacuna.

COAG Andalucía demanda un mayor apoyo en la gestión de la enfermedad de la lengua azul, pues si la Administración se hiciera cargo, tal y como viene ocurriendo, se abarataría el coste en la compra conjunta de alrededor de 7 millones de dosis. No es de recibo que la Consejería de Agricultura se desvincule de esta forma de la sanidad animal y de un sector ganadero que ha demostrado su seriedad y buen hacer en el cumplimiento de los Planes de Erradicación de Enfermedades Animales, a pesar de que los recortes presupuestarios de los últimos años en el ámbito de la sanidad animal comprometen este esfuerzo.

A juicio de esta organización, la gestión de la lengua azul tiene que ser planificada junto al sector y a largo plazo puesto que el control y erradicación de la enfermedad entraña una gran dificultad al implicar mosquitos como vectores que, por las condiciones climáticas y situación geográfica andaluzas, tienen una amplia distribución y constante presencia en nuestro territorio. Los ganaderos no tienen por qué hacerse cargo en solitario de una enfermedad que no está en su mano evitar.

No podemos olvidar que Andalucía es frontera sur de la UE y actúa como barrera frente a la entrada de enfermedades procedentes del continente africano. Este hecho implica que la responsabilidad debe ser compartida y no debe recaer únicamente sobre los productores andaluces. Por ello COAG considera de gran importancia que se siga trabajando para que aumente el porcentaje de financiación europeo que corresponde a nuestra comunidad.