Tras la reunión mantenida en la sede del Grupo Parlamentario Socialista, Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura, ha expresado su rechazo al anteproyecto de Ley Agraria por considerar que “no resuelve los verdaderos problemas de los agricultores y ganaderos, ya que no se ha tenido en cuenta la opinión del sector”; por lo que las organizaciones agrarias UPA-UCE y COAG están manteniendo una serie de reuniones para frenar su tramitación en la Asamblea de Extremadura.

Para UPA-UCE el anteproyecto aglutina muchas leyes regionales, nacionales y europeas relacionadas con el sector; lo que la hace muy compleja por el volumen de normativas que concentra. Así, Huertas define el anteproyecto como “una chapuza que genera confusión y que solo sirve de propaganda electoral para el Gobierno extremeño, que no ha hecho nada por el sector en los últimos cuatro años”. En este sentido, el secretario general de UPA-UCE Extremadura ha recortado que “pese a la promesa de dedicar el 25% del presupuesto regional al sector agrario, la experiencia nos demuestra que los fondos propios de la Consejería de Agricultura siguen recortados”, citando como más afectadas las partidas de seguros agrarios, sanidad animal y vegetal o la vertebración del sector. En este punto, Ignacio Huertas ha hecho hincapié en el dictamen del Consejo Económico y Social que califica de “poco creíble” la propuesta de Ley Agraria del Gobierno extremeño al no presentar una memoria económica que sostenga la promesa de destinar el 25% del presupuesto autonómico al sector: “Si mañana los 500 millones de euros de la PAC que llegan a Extremadura desaparecieran, ¿los pondría el Gobierno extremeño? Nosotros creemos que no”, ha señalado.

Además, el secretario general de UPA-UCE ha querido destacar los “problemas reales” del sector que no recoge esta Ley, como la financiación de las explotaciones y las cooperativas, la negociación de precios y los abusos de la industria y la distribución en la cadena agroalimentaria, el relevo generacional o la igualdad en el medio rural.

Por último, Ignacio Huertas ha criticado que el anteproyecto incluya la Ley de Representatividad Agraria nacional que califica de “pucherazo” por no contar con garantías democráticas suficientes: “se trata de una consulta, no de elecciones democráticas; ya que cuenta con un censo aleatorio en el que los agricultores y ganaderos que cobren menos de 5.000 euros no podrán votar”. Por ello, UPA-UCE ha solicitado la retirada inmediata del anteproyecto en su conjunto.

Por su parte, Juan Moreno, presidente de COAG Extremadura, ha calificado esta ley de “absurda” ya que no resuelve “los miles de problemas que tienen los agricultores y ganaderos extremeños”.

La diputada socialista Ana Soguer, secretaria y portavoz adjunta de la Comisión de Agricultura de la Asamblea de Extremadura, también ha rechazado el anteproyecto de Ley Agraria para Extremadura definiéndola como “la gran decepción del Gobierno de Monago en cuanto a Agricultura”. Para Soguer esta ley no es más que “un corta y pega” de antiguas leyes. Además, la diputada socialista opina que el gobierno de Monago “venderá” como un logro de la Ley que blinde el 25% del Presupuesto para el sector agroganadero pero “tiene una letra pequeña que lo condiciona a la disponibilidad económica”, lo que permitirá su incumplimiento.

Esta reunión se suma a la que UPA-UCE y COAG en unidad de acción mantuvieron la semana pasada con el PREX-CREX, y en la que el diputado regionalista Damián Beneyto también mostró su rechazo al anteproyecto.