La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, considera que la gestión de la futura PAC por parte del Ministerio de Agricultura es lamentable y nefasta, y que puede provocar graves consecuencias para el sector agrario, en general, y el andaluz, en particular. Esta organización denuncia que el proceso de negociación se ha caracterizado por el oscurantismo, la falta de participación, la arbitrariedad y el criterio político en lugar de técnico a la hora de diseñar las distintas actuaciones, y va a ponerlo en conocimiento del Comisario de Agricultura, Phil Hogan, además de exigir al propio Ministerio que asuma la responsabilidad de los perjuicios que puede acarrear su pésima gestión.
 
Durante dos años se nos ha vendido una reforma que iba a terminar con los agricultores de sofá, absentistas y especuladores, pero al final se va a colar una opción que inhabilita la definición (insuficiente, pero necesaria) de agricultor activo, con lo que los Reales Decretos cuya publicación está prevista este sábado, consagrarán la farsa: las superficies que no se dedican realmente a la actividad agraria podrán tener derechos y recibir ayudas a costa de los agricultores y ganaderos  profesionales, cuyas rentas sí dependen en grado importante de los apoyos de la UE. 
 
Además, en el último borrador de la norma de asignación de derechos el Ministerio ha omitido la metodología que durante los dos últimos años se ha estado explicando a los agricultores y ganaderos (donde la asignación de los derechos de ayuda se relacionaba directamente con el sistema productivo que los originaba), y la ha sustituido por un párrafo donde dice que esta asignación se hará “con criterios objetivos y no discriminatorios”, abriendo la puerta a la posibilidad de desvincular los derechos de los sistemas productivos que los generaron.
 
De este modo, la reforma no sólo beneficia a los especuladores y cazaprimas en la aplicación de los fondos sino que, debido a la opacidad y a los vaivenes del Ministerio de Agricultura, el sector andaluz, con un alto porcentaje de siembra otoñal, sufre ya la incertidumbre de no saber qué norma se va a publicar finalmente y si será posible su cumplimiento (porque no hay garantías de que el uso de los fondos sea aprobado por Bruselas y esto implica el riesgo de posibles correcciones financieras que supondrán merma de fondos para el sector agrario), y una tremenda inseguridad jurídica, precisamente en un año clave, de fijación de derechos para todo el periodo, por lo que las consecuencias alcanzan hasta el año 2020.  
 
En este contexto, Andalucía se ve especialmente perjudicada, porque no sólo sufre esa incertidumbre, sino que se ve claramente castigada en otros aspectos, como es el caso del sistema de ayudas asociadas.
 
Las ayudas asociadas en la nueva PAC tienen como objetivo esencial atender a sectores en peligro de abandono o especialmente perjudicados por la reforma. Sin embargo, el planteamiento del Ministerio no parece haber tenido en cuenta criterios objetivos, profesionales y agronómicos, sino políticos, con una arbitrariedad que perjudica de forma clara a la principal potencia agraria de nuestro país (aportamos casi un 23% de la PFA estatal, más de 9.900 millones de euros, y más del 50% de los afiliados en el sector agrario en España están en Andalucía).