La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha, junto con la Consejería de Agricultura, va a colaborar con la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para vigilar e identificar a aquellas bodegas que incumplan la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Con la normativa en vigor, en la que se impone la firma de contratos de compra-venta de las operaciones, la Organización Agraria alertó a la Administración de sospechas de incumplimiento de dicha obligación por parte de algunas bodegas, dejando desprotegidos de esta manera a los viticultores.

De este modo, y a través de la Consejería de Agricultura, la AICA solicitó el pasado martes 23 de septiembre la colaboración de ASAJA CLM para identificar dichas bodegas, a las que someterán al sistema de control y vigilancia y, en su caso, darán parte a un expediente sancionador si comprueban que no se formalizan por escrito los contratos alimentarios, no se incluyen los requisitos que deben contener dichos contratos o se incumple con los plazos de pago en las operaciones comerciales.

La Agencia de de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo creado con los fines de controlar el cumplimiento de las medidas de la Ley de la Cadena Alimentaria, que inicialmente sólo incluía los sectores del aceite y los lácteos y, posteriormente, las frutas y hortalizas con un nuevo Programa Sectorial recientemente puesto en marcha.

Sin embargo, como establecen los propios estatutos de la Agencia, el Ministerio tiene la potestad de incluir más productos que, por su importancia estratégica, incidan significativamente en la producción y comercialización agraria.

En esta línea, ASAJA de Castilla-La Mancha valora que la uva ya haya sido incluida en el sistema de vigilancia pero insiste en que todos los productos agroalimentarios que regula la citada Ley deben incorporarse al control del AICA si realmente se pretende terminar con las prácticas abusivas o el desequilibrio de la cadena.

Por último, la Organización Agraria anima a todos los agricultores a que informen en cualquiera de las oficinas repartidas por el territorio regional de posibles sospechas o evidencias de incumplimiento de la normativa por parte del sector industrial.