El Pleno de la Cámara Agraria de León adoptó el lunes el acuerdo de cesar de forma programada su actividad, propuesta formulada por el presidente en base a la situación que se ha desencadenado en todas las cámaras agrarias de Castilla y León a raíz de la retirada por parte de la Junta de la financiación pública. Destacar el desinterés por el debate, por parte de la Alianza del UPA-COAG y de UCCL, manifestado con la ausencia en el Pleno del 41,6% de sus miembros – algunos por desacuerdo con sus organizaciones-, lo que hizo que el acuerdo se aprobara por mayoría de más de tres quintos. Los acuerdos adoptados no han tenido ningún reparo legal de Secretario Técnico, cuyas funciones son similares a las de un secretario de ayuntamiento, ni de la consejería de Agricultura, que ejerce una labor de tutela. No hay opciones pues ni de recurso administrativo ni mucho menos judicial, pues todo se ha hecho ajustado a derecho y con amplio respaldo democrático.

El Pleno no decidió pasar la actividad a la Asociación de Juntas Agropecuarias de León, pues no tiene poderes para ello, ni se debatió nada sobre la gestión de AJAL, pues no forma parte de sus competencias. Serán las 80 juntas agropecuarias locales las que libre y voluntariamente decidan, haciéndose socias, que AJAL le preste los servicios que hasta ahora le prestaba la Cámara. Al ritmo actual, en breves semanas la mayoría estará ya adheridas, independientemente de que los dirigentes de las mismas simpaticen con una u otra organización agraria.

En la nueva entidad, las organizaciones agrarias tienen reservado un papel minoritario, pues el peso de la asociación debe corresponder a los destinatarios del servicio, las juntas agropecuarias locales. ASAJA colaborará, incluso económicamente, en función de sus posibilidades, para que todo sea un éxito, y espera de las demás organizaciones una postura similar.

La creación de la asociación ha evitado, mediante un pacto laboral, tener que despedir e indemnizar a las dos trabajadoras que forman parte de la plantilla de la Cámara Agraria, una indemnización que habría obligado al cese inmediato de la actividad y que agotaría todos los recursos económicos disponibles y parte de los patrimoniales.

La opción elegida en la provincia de León, donde ASAJA ha desempeñado el papel que le corresponde como organización responsable que ha ganado por mayoría absoluta tres de los cuatro procesos electorales celebrados desde 1997, y el otro por mayoría simple, es la única que garantiza la continuidad del servicio que se estaba dando, la continuidad de los puestos de trabajo, y que garantiza preservar el patrimonio.

ASAJA, como organización mayoritaria, no va a instar a la disolución de la Cámara Agraria, como proponen el resto de organizaciones, y garantiza la continuidad del ente jurídico y la integridad de su patrimonio. Es la Junta de Castilla y León la única que puede, en el uso de sus competencias, decidir sobre la liquidación o no de las distintas cámaras agrarias de Castilla y León.