El Ministerio de Agricultura estudia como articular la presencia de las Denominaciones de Origen en la recientemente consensuada interprofesión del vino. Baraja que se puede dar cabida a los Consejos Reguladores en un consejo consultivo de la Interprofesional, en la que así tendrían voz pero no voto. Así lo han planteado el Secretario General de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, y del Director General de Industrial Agroalimentaria, Fernando Burgaz en una reunión mantenida con la Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Rías Baixas.

El presidente del C. R Rías Baixas, Juan Gil de Araujo, transmitió al Ministerio la preocupación de los Consejos Reguladores por quedar al margen de la nueva Interprofesional del Vino. Rías Baixas considera que las denominaciones de origen, como agentes de máxima relevancia en el sector, deberían como mínimo tener la posibilidad de conocer lo que sucede en el nuevo organismo.

Asimismo, Gil de Araujo expuso la postura del Consejo Regulador de Rías Baixas sobre la liberalización de las marcas y etiquetas del vino. La denominación de origen piensa que esa medida implicará perder una parte del vínculo entre un producto de calidad y un territorio, un elemento diferenciador de extrema importancia en cualquier denominación de origen y más en una con las singularidades, tamaño y prestigio de Rías Baixas. Desde el Ministerio han recordado que se trata de una norma europea, que están obligados a aplicar.

Otro compromiso del gobierno central es colaborar en la prevención y detección de posibles fraudes de etiquetas en los mercados internacionales, para lo que se contará con el apoyo de las embajadas y de las oficinas de comercio exterior.

Rías Baixas también mostró su “preocupación” por la posibilidad de que el vino sea incluido en la ley sobre el alcohol que prepara el Ministerio de Sanidad. El Consejo Regulador comparte la preocupación de que los menores puedan acceder a bebidas de alta graduación alcohólica, pero advierte de que en vez de una línea de prohibición hay que apostar por una línea de educación. Rías Baixas considera que la ley tendría que proteger a los menores, pero no atacar a los consumidores adultos. Fuente: CR Rias Baixas