A la Unión de Uniones, la anunciada Interprofesional Vitivinícola le ofrece, por su composición excluyente y la opacidad con que se está gestando, pocas garantías de trabajar en beneficio del sector y mejorar los ingresos de los viticultores.

El acuerdo recientemente alcanzado para someter al sector a una destilación obligatoria cuyo mero anuncio ha tenido el efecto de acabar de hundir el mercado y que han suscrito la mayor parte de las entidades que se anuncian fundadoras es un muy mal precedente de los criterios con que a futuro puede trabajar la Interprofesional. “Si lo que cabe esperar de la interprofesional es este tipo de medidas – ha manifestado José Manuel de las Heras, Coordinador Estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos- casi mejor que no se constituya”.

La Unión de Uniones estima que se está actuando con excesiva precipitación y arbitrariedad al no exigir a las anunciadas entidades fundadoras la acreditación sectorial mínima exigida por la Ley. De hecho el propio Gobierno ha argumentado hasta la extenuación la poca fiabilidad que le ofrece la actual representación agraria hasta el punto de haber estimado necesario llevar una Ley al Congreso para definirla; ley que ha sido publicada en el BOE el pasado 10 de julio.

La organización opina que, en la crítica situación del mercado, la Interprofesional no puede ser ni una coartada para aquellas entidades que han tomado decisiones muy negativas para muchos viticultores, como la destilación obligatoria sin ayudas; ni una maniobra de distracción del Ministerio para dar a entender que se hace algo cuando no se está haciendo nada.

El Ministerio parece haber olvidado con demasiada rapidez que hace menos de un año (noviembre del 2013) revocó el reconocimiento de la Interprofesional del Vino de Mesa, compuesta por los mismos interlocutores, por su falta de utilidad.

La Unión de Uniones si cree en el principio de colaboración interprofesional, que de hecho reporta muy buenos resultados en países tan cercanos como Francia; pero considera que el actual modelo de constitución y funcionamiento en nuestro país se ha viciado y han acabado convirtiéndose, salvo excepciones honrosas, en un ente más que recauda dinero a los productores sin que nos reporte beneficio perceptible alguno.