Un informe publicado por el Tribunal de Cuentas revela que no se justifica la necesidad de una medida de inversión específica para el sector vitivinícola, al existir ya el apoyo representado por las medidas de política de desarrollo rural. El informe cuestiona igualmente el papel de las ayudas a la promoción de vinos de la UE pues suelen emplearse para consolidar mercados y no para captar otros nuevos o recuperar los antiguos.

«La coexistencia de medidas de inversión similares de dos regímenes distintos constituye una fuente de complejidad, que en algunos Estados miembros ha causado retrasos de ejecución o una restricción excesiva del ámbito de aplicación de las inversiones subvencionables», ha declarado Jan Kinšt, Miembro del TCE responsable del informe, «Asimismo, cuando la contribución de la UE alienta a las empresas a reducir proporcionalmente sus propios fondos destinados a medidas de promoción, termina subvencionando parcialmente sus costes operativos. Ello no representa un uso eficiente del dinero público.»

Los auditores de la UE constataron que no se dispone de suficiente información pertinente que demuestre los resultados atribuibles directamente a las medidas. Los efectos de la medida de inversión no pueden disociarse fácilmente de los efectos de las inversiones de desarrollo rural. En lo relativo a las acciones de promoción, la fiscalización reveló que, a pesar del crecimiento de las exportaciones en términos absolutos, los vinos de la UE han perdido cuota de mercado en los principales terceros países objetivo de las acciones de promoción y que han aumentado asimismo las exportaciones de vinos no subvencionables.

Los Estados miembros gastaron entre 2009 y 2013 un total de 522 millones de euros de fondos europeos en la medida de promoción, que en el período de programación 2014-2018 recibirá un importe sustancialmente más elevado (1 156 millones de euros a la EU-27). Habida cuenta de su dificultad de gastar el presupuesto fijado inicialmente para acciones de promoción, existe el riesgo de que el presupuesto del período 2014-2018 se haya fijado en un nivel demasiado alto, poniendo así en peligro la aplicación de los principios de buena gestión financiera.

Los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) se publican a lo largo del año y presentan los resultados de su fiscalización de ámbitos presupuestarios o temas de gestión específicos de la UE.

El Informe Especial (nº 9/2014) examinó las preguntas planteadas en su título «¿Se ha gestionado bien el apoyo de la UE a la inversión y promoción del sector vitivinícola y se han demostrado sus resultados en la competitividad de los vinos de la Unión?»

Los auditores de la UE han llegado a la conclusión de que la gestión del apoyo a la inversión y promoción del sector vitivinícola durante los primeros años del período abarcado por la fiscalización sufrió los efectos negativos de las insuficiencias de concepción y ejecución existentes, y de que su repercusión en la competitividad de los vinos de la UE no siempre ha quedado demostrada.

Sobre la base de sus observaciones, el TCE recomienda lo siguiente:

Medida de inversión:

– Con el fin de racionalizar el régimen de ayudas, la Comisión debería proceder al seguimiento de la absorción de fondos, analizar la necesidad de la medida de inversión y valorar si el sector vitivinícola, en comparación con otros sectores agrícolas, requiere ayudas a la inversión adicionales.

– Los Estados miembros deberían mitigar el riesgo para la economía mediante una evaluación sistemática de la moderación de los costes de los proyectos y de la solidez financiera del solicitante, cuyo resultado tendría que documentarse convenientemente. La Comisión debería garantizar que los Estados miembros aplican estos controles eficazmente.

Medida de promoción:

– La reglamentación aplicable debería restringir la posibilidad de que un beneficiario individual presente en cada período de programación un programa de promoción destinado a los mismos países. La Comisión también debería limitar el ámbito de aplicación de la medida en lo que respecta a la subvencionabilidad del anuncio de la marca y hacer más hincapié en facilitar el acceso de las PYME a la medida de promoción.

– Con el fin de minimizar el riesgo de efecto de peso muerto, la Comisión debería garantizar que los Estados miembros exigen en sus procedimientos de selección que los beneficiarios demuestren claramente su necesidad de apoyo de la UE, y que el presupuesto de la Unión no financia costes operativos ordinarios.

– La Comisión debería garantizar que los gastos accesorios, como los costes de los organismos de ejecución y los gastos generales, se justifican suficientemente y se limitan a un porcentaje máximo de los costes totales.

– Los Estados miembros deberían garantizar una pista de auditoría suficiente que relacione todas las ayudas a la promoción con acciones específicas y documentadas convenientemente.

– La Comisión debería exigir a los Estados miembros que evalúen más detalladamente los resultados de los proyectos de promoción. En particular, habría que valorar los resultados de las acciones de promoción para los beneficiarios, y no para el sector vitivinícola de la UE su conjunto. Los Estados miembros tendrían que hacer mejor uso de los informes elaborados por los beneficiarios al final de las acciones de promoción, con el fin de evaluar y consolidar sus resultados.

– La Comisión debería analizar, pasado un tiempo suficiente, si el presupuesto asignado a los programas nacionales de apoyo en el período 2014-2018 satisface las necesidades del sector vitivinícola de la UE y la capacidad de absorción de los Estados miembros y, a partir de este análisis, reajustar el presupuesto en caso necesario a fin de asegurar incentivos a los Estados miembros para que sean más eficientes al ejecutar las medidas.