El Gobierno catalán ha aprobado el Plan General de Política Forestal de Cataluña, que prevé los ejes estratégicos de planificación y las líneas de actuación para garantizar la efectividad del nuevo modelo de gestión multifuncional del bosque que promueve el Gobierno.

El plan tiene dos objetivos fundamentales: potenciar las funciones socioeconómicas y ambientales de los terrenos forestales y fomentar la conservación de la biodiversidad. En Cataluña, el 64% del territorio catalán es forestal – el 40% es arbolado – y el 80% de la superficie forestal es de titularidad privada (unos 200.000 propietarios).

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, Josep Maria Pelegrí, ha presentado el plan durante la rueda de prensa del Gobierno. Pelegrí ha señalado que » los bosques y los montes son la infraestructura verde más importante de nuestro país , ya que proporcionan múltiples servicios gran importancia: biodiversidad, fijación de carbono, aporte de oxígeno, la ayuda al recargo de acuíferos y la reducción de la erosión » .
Sin embargo, en Cataluña la rentabilidad de los bosques es muy baja, los costes de gestión a menudo son altos y la mayoría industrias de transformación se dedican a productos de poco valor añadido.

En este sentido, la explotación comercial de las superficies forestales de Cataluña sólo representa un 0,06% del PIB global del país. Se produce, pues, un crecimiento anual de 2,9 millones de m 3 / año, y sólo un 20% de este crecimiento se aprovecha.

El objetivo principal del Gobierno y del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural en materia de medio natural, y gestión de los espacios naturales protegidos y de la superficie forestal de Cataluña es preservar y gestionar de manera sostenible los valores naturales y de biodiversidad de los bosques, de las superficies forestales y del conjunto del territorio de Cataluña, porque «la mejor manera de conservar y proteger es gestionar» , ha asegurado Pelegrí.

El PGPF permitirá la integración de la planificación forestal en la planificación territorial y urbanística, la articulación entre los diferentes planes territoriales sectoriales aprobados o futuros y la mejora de los aspectos transversales de la política forestal.

El Plan tiene los siguientes objetivos:

Promover la gestión activa de los terrenos forestales como una necesidad para potenciar sus funciones socioeconómicas y ambientales, y fomentar la conservación de la biodiversidad.
Promover la valorización de la actividad agraria y ganadera como elemento clave en la conservación del territorio.
Apoyar la propiedad y la industria forestal como principales agentes del sector económico.
Mejorar la percepción social de la gestión forestal sostenible y promover el uso de sus productos.
Promover el desarrollo, la innovación , la transferencia de tecnología y la tecnificación de los procesos productivos del sector forestal. Promover una planificación eficiente de los terrenos forestales y potenciar la coordinación e incorporación de los valores económicos y ambientales forestales en otras planificaciones sectoriales para fomentar sinergias.
El PGPF estructura en 6 ejes estratégicos, 15 líneas de acción y un total de 102 acciones operativas a lo largo de los 10 años de desarrollo, aunque algunas de ellas ya se han activado durante el último año.

Los ejes estratégicos son la planificación, información y conocimiento; la conservación de los valores ecológicos; la gestión de la función protectora de los bosques sobre el suelo y el ciclo del agua; la gestión preventiva de los riesgos naturales; la dinamización de la producción y la gestión de los usos públicos.

Los ejes 4 y 5 de prevención de incendios y dinamización del sector productivo contienen más del 50% de las acciones del Plan, 59 de 102, de las cuales 32 son operativas.

El Gobierno dota a los ayuntamientos de instrumentos jurídicos para hacer frente al «despropósito» de la reforma local del Estado que conlleva «el desmantelamiento efectivo de políticas clave para las personas»

El Gobierno ha aprobado el decreto ley por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL) en Cataluña. Esta norma es una medida de carácter urgente y transitoria que permitirá a los ayuntamientos continuar ofreciendo los servicios que actualmente prestan cuando entre en vigor la ley de reforma local del Estado y hasta que no se apruebe la ley de gobiernos locales catalana, actualmente en trámite parlamentario.

Con el decreto, el Gobierno quiere evitar las consecuencias negativas que tendría sobre los ayuntamientos la aplicación de la LRSAL, una ley que el consejero de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha considerado un «despropósito» que conlleva «el desmantelamiento efectivo de políticas clave para las personas » . «Sumada a las restricciones de déficit, esta ley nos acaba ofreciendo una combinación perversa que nos lleva a una situación más que absurda», ha lamentado Homs, ya que «la LRSAL no deja justificar gastos por determinados servicios de los ayuntamientos, y el objetivo de déficit no deja incrementar gasto a la Generalitat » , ha añadido.

El consejero ha denunciado que una decisión tomada «desde un despacho en Madrid» rompa los principios de subsidiariedad y proximidad y «se cargue» un modelo catalán de colaboración interadministrativa entre ayuntamientos, consejos comarcales y la Generalitat «muy eficiente y potente » que ha permitido con pocos recursos poder desarrollar servicios prioritarios para los ciudadanos, tales como guarderías, escuelas de música, servicios sociales para atender a las personas más vulnerables, salud pública, salubridad de aguas, plagas de animales, etc.

La elaboración del texto ha sido fruto de un proceso participativo plural y de la complicidad con las entidades municipalistas. Se trata, pues, de una norma elaborada desde la proximidad, con respeto y conocimiento de la realidad local de Cataluña. El decreto ley da respuesta a la necesidad de disponer de una normativa que unifique criterios, evite interpretaciones contradictorias y ofrezca garantías del mantenimiento de la autonomía local.

El escenario de incertidumbre jurídica que afecta el funcionamiento diario de los entes locales en cuanto a las materias competenciales sobre las que pueden prestar servicios públicos, está permitiendo que cada municipio haga una interpretación diferente y que se pongan de relieve supuestos posibles de paralización o renuncia en la prestación de servicios y actividades que pueden ser de naturaleza básica, como servicios sociales, educación, políticas de inmigración, de empleo y de defensa de los consumidores.

A este marco, que ha generado la sucesión de numerosas y contradictorias interpretaciones, se añade el hecho de que la aplicabilidad de algunas de las previsiones de la ley estatal, que está vigente, están diferidas en el tiempo, en ciertos plazos, como como los relativos a la adaptación de acuerdos, convenios y otros instrumentos de colaboración, que habrá que adaptar a la nueva ley antes del 31 de diciembre de este año.

Uno de los objetivos de este decreto ley es la definición de las competencias propias de los entes locales, de las competencias delegadas de la Administración de la Generalidad a las entidades locales y de las competencias de los entes locales distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. También pretende regular el procedimiento para la obtención de los informes previstos para el ejercicio de las competencias de los entes locales distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, así como la adaptación de los convenios, acuerdos y otros instrumentos de cooperación suscritos entre la Administración de la Generalidad y las entidades locales.

Homs pide al ministro Margallo que haga «propuestas» en Cataluña y no «amenazas»

A preguntas de los periodistas, el consejero Homs ha respondido a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, que hoy ha asegurado que la consulta tendría consecuencias económicas catastróficas para Cataluña.

El portavoz del Gobierno ha pedido al ministro que haga «propuestas» en Cataluña y no «amenazas» . «En pleno siglo XXI en una sociedad como la catalana no se la persuade a base de amenazas, que forman parte del pasado, sino a base de democracia. La gente ya no tiene miedo de las amenazas ni de las visiones catastrofistas » , añadió.

En relación con la suspensión repentina del debate sobre el proceso soberanista que el Centre for European Policy Studies (CEPS) debía organizar hoy en Bruselas con la participación del presidente del Consejo Nacional para la Transición Nacional (CATN), Carles Viver y Pi-Sunyer, el consejero Homs apuntó a » presiones » del Gobierno español.

En este sentido, el portavoz ha lamentado «profundamente» que el Gobierno español «coaccione» instituciones para «procurar que no podamos explicar» .

El Gobierno mantiene los precios públicos para el curso 2014-2015 y garantiza que nadie quede fuera de la universidad por motivos económicos

El decreto de precios públicos universitarios para el curso 2014-2015 no aplicará la actualización del IPC para las primeras matrículas de grados y ciclos, de acuerdo a la propuesta presentada a la Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña. Tras el visto bueno de este órgano-integrado por los rectores y los presidentes de los consejos sociales de las universidades-, el Gobierno ha aprobado hoy el decreto correspondiente.

Con este decreto el Gobierno da cumplimiento al «compromiso» de mantener los precios de los créditos matriculados por primera vez después de la aplicación, en 2012, del sistema que establece el pago en función del nivel de renta familiar. Un mecanismo que «garantiza que nadie quede fuera de la universidad por motivos económicos» .

El decreto afecta a los precios de los servicios académicos y complementarios de las enseñanzas que prestan las universidades públicas catalanas y la Universidad Abierta de Cataluña (UOC).

La congelación de los precios públicos universitarios, que ya se aplicó el curso 2013-2014, responde al objetivo de facilitar el acceso a los estudios. Así, por segundo curso consecutivo, los precios de los créditos serán los mismos: 25,27 euros para los estudios de coeficiente A; 35,77 euros para los de coeficiente B; y 39,53 para los de coeficiente C.

«Este nuevo sistema de precios nos ha permitido disponer de un nivel de becas que hasta ahora no habíamos podido tener, por los incumplimientos del gobierno español a las sentencias del Tribunal Constitucional, a las que tanto apelan y que nunca cumplen » , ha destacado el consejero Homs.

Así, la implementación del nuevo sistema de precios para renta ha supuesto un aumento de los estudiantes becados y el curso 2012-2013 llegaron al 31%, respecto al 23% del curso 2011-2012 o el 19% del curso 2010-2011. Si sólo se contabilizan los estudiantes de las universidades públicas, una tercera parte de los matriculados recibió una beca el curso 2012-2013, lo que significa un incremento de 5 puntos respecto al curso anterior.

En cuanto a las Becas Equidad, se continuará aplicando el tramo más bajo-que prevé una bonificación del 50% – para todos aquellos estudiantes que cumplen los requisitos económicos para ser beneficiarios de las becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ( MECD) pero que quedan excluidos de las ayudas estatales al tener una nota entre 5 y 5,5. Asimismo, las becas Equidad mantendrán la bonificación a las ingenierías que se aplicó el curso pasado tras el cambio de coeficiente de estructura docente.

En relación con el fraccionamiento del pago de la matrícula, el decreto de precios para el curso 2014-2015 introduce la obligatoriedad de que, como mínimo, este fraccionamiento sea el mismo que el curso anterior, que querría decir que se haga en tres fases .

También se mantienen los precios en las repeticiones de matrícula, masters, doctorados y servicios académicos administrativos, aunque en estos casos sí se aplicará la actualización del IPC. En el caso de los másters que no habilitan para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, sigue la opción de rebaja de hasta un 30% sobre el precio del crédito. Así, hay dos precios diferenciados actualizados con el IPC entre los estudios que habilitan (40,88 euros / crédito) y los que no habilitan (65,41 euros / crédito, susceptible a la bonificación del 30%).

Además, se ha ampliado a los estudios de máster la exención de pagar el porcentaje del precio para la convalidación, adaptación o reconocimiento de créditos en aquellos supuestos especiales relacionados con la planificación de las trayectorias curriculares de los estudios que la universidad ofrece a los estudiantes . El curso anterior, esta opción sólo estaba prevista para los grados.