El Pleno del Consejo Económico y Social de Andalucía aprobó ayer por unanimidad el Dictamen sobre el nuevo reglamento de la Ley Andaluza de Cooperativas, normativa que -tras su aprobación en diciembre del año 2011- ha venido a configurar un marco normativo que está permitiendo el desarrollo de iniciativas empresariales bajo la perspectiva de una economía social, democrática, centrada en el compromiso colectivo de las personas que las integran, al eliminar muchos de los obstáculos que venían impidiendo el desarrollo integral de las sociedades cooperativas.
Las dos grandes novedades que presentó la LSCA consistieron en remitir en muchos de sus apartados a los estatutos sociales de cada cooperativa, para regular así, con un desarrollo autónomo, un gran número de materias que pudieran ser singulares a cada empresa. Por otra parte y, complementando esta mayor libertad de actuación para las cooperativas, se contemplaba en la norma un desarrollo reglamentario posterior de carácter general, que dada la cambiante realidad económica y social, debería ayudar a su pervivencia en el tiempo y con ello dotarla de una mayor seguridad jurídica.
En la elaboración del Reglamento, y al igual que se hizo en su día con la Ley a la que complementa -LSCA -, se ha prestado especial atención a las propuestas realizadas por las distintas organizaciones representativas de la Economía Social con el objetivo de que el texto definitivo obtenga el máximo respaldo del sector. Tal vez, la única pega posible que se le puede hacer es cierta tardanza en su redacción, aunque se debe reconocer la complejidad de la materia a tratar. Al respecto cabe recordar que la LSCA fijaba un plazo de seis meses para su elaboración.
El texto reglamentario viene a acomodar determinada regulación del ámbito cooperativo a las últimas novedades legislativas acaecidas y a simplificar determinados aspectos de procedimiento.
El Reglamento ha sido objeto de deliberación por parte del Consejo Económico y Social de Andalucía en las últimas semanas, paso previo para su remisión al Parlamento. Y el dictamen elaborado por la Comisión de Trabajo del CES-A, bajo la presidencia de la representación de Economía Social en dicha institución, ha obtenido, aunque con algunas consideraciones de mejora en la forma y contenido, el respaldo unánime de los agentes sociales representados en el Consejo.
La Economía Social andaluza, reconoce la sensibilidad y esfuerzo realizado por el ejecutivo andaluz para hacerse eco de las demandas normativas del sector cooperativo. En este sentido, el Reglamento sobre sociedades cooperativas es un paso acertado para que este tipo de sociedades puedan desarrollar en toda su extensión su actividad como empresas, compatibilizando sus valores identitarios (participación democracia, solidaridad, equilibrio territorial y cohesión social) con el insoslayable carácter empresarial y, muy especialmente, con los propios de toda entidad que pretenda incorporarse y competir en una economía avanzada, cuales son la innovación, la sostenibilidad, la productividad, la cooperación y la internacionalización empresarial.
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