El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha subrayado que “el Proyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental mantiene con todo rigor los principios de prevención y de que quien contamina, paga”.

Miguel Arias Cañete defendió ayer el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Responsabilidad Ambiental, en el debate de las enmiendas de totalidad en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde ha asegurado que las modificaciones introducidas en la ley no pretenden minimizar los aspectos relacionados con prevenir, evitar y reparar los daños, sino que se mantiene y refuerza el carácter objetivo e ilimitado de la responsabilidad medioambiental. “Todo aquel que produzca un daño al medio ambiente, se verá obligado a repararlo”, ha recalcado

En su intervención, Arias Cañete ha aclarado que los objetivos de este proyecto es hacer efectiva la correcta aplicación del Régimen de Responsabilidad Medioambiental en España y corregir las dificultades que su aplicación ha tenido en la práctica. Según ha apuntado el ministro, “estos objetivos responden a la obligación de implantar un régimen de responsabilidad medioambiental que resulte eficaz y de fácil aplicación para todos los operadores cuyas actividades entrañan riesgos evidentes para el medio ambiente”.

Como ejemplo, Arias Cañete ha señalado que la principal dificultad en la aplicación de la vigente ley reside en que la constitución de la garantía financiera prevista “no es realmente exigible”. El ministro considera que tampoco es aceptable exigir las mismas garantías a las grandes instalaciones industriales que a los operadores que desarrollan una actividad de bajo riesgo.

Además, el ministro ha recalcado que este proyecto no pretende convertirse en un obstáculo al desarrollo económico sino fomentar la generación de empleo, “sin que por ello se vean comprometidas nuestras obligaciones de protección del medio ambiente y de conservación de los recursos naturales”.

NOVEDADES DEL PROYECTO

Con estos objetivos, Arias Cañete ha expuesto las propuestas de modificación del nuevo Proyecto de Ley, “que cumple escrupulosamente con las recomendaciones del Consejo de Estado”. En primer lugar, el ministro ha apuntado que este proyecto amplía el ámbito de aplicación para cubrir posibles daños a las aguas marinas. De esta manera, por primera vez quedarán cubiertos por la Ley los daños causados en el estado ecológico de las aguas marinas las operaciones relativas al petróleo y al gas en mar adentro.

Según ha resaltado Arias Cañete, “con esta modificación nos adelantamos a la transposición al derecho español de la normativa comunitaria, y estaremos entre los primeros países de la UE en incrementar la protección de nuestras aguas marinas”.

Asimismo, se refuerzan los aspectos preventivos del régimen de responsabilidad medioambiental, a través de los análisis voluntarios de riesgos y de la constitución de la garantía financiera.

En materia de garantías financieras, Arias Cañete ha recordado que tan solo ocho Estados Miembros, entre los que se encuentra España, han decidido establecer un régimen de constitución de garantías financieras medioambientales obligatorio.

Con el proyecto que se presenta hoy, “se impide que los operadores cuyas actividades entrañan un mayor riesgo para el medio ambiente puedan eludir la obligación de constituir la garantía financiera por vía reglamentaria”. Es decir, “el proyecto de ley discrimina a la hora de exigir la garantía financiera obligatoria, asegurando que se aplique efectivamente a las industrias que presentan mayores riesgos ambientales, lo que hasta ahora no se había producido”, ha completado.

A este respecto, con la norma se facilita, simplifica y agiliza el procedimiento de constitución de la garantía financiera, que deben atender las obligaciones de reparación de daños medioambientales.

Por último, Arias Cañete ha indicado que el Proyecto de Ley tiene como objetivo mejorar la transposición de la directiva europea en relación con la responsabilidad medioambiental de las obras públicas, tal y como sugiere el Consejo de Estado en su Dictamen.

En definitiva, el ministro ha reiterado que la modificación de la vigente ley “confirma la apuesta decidida de este Gobierno por disponer de una normativa ambiental que garantice, de manera eficaz, la máxima protección de nuestro medio ambiente”.