La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Elena Víboras, lamentó ayer que “la Unión Europea es más sensible con los pequeños perceptores de ayudas directas de la Política Agrícola Común que el Gobierno de España”, ya que, “con la aplicación del recorte del 8,6% en las ayudas directas, 208.000 pequeños agricultores y ganaderos andaluces perderán este año 26,3 millones de euros”, ha asegurado.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz, Elena Víboras ha explicado el ajuste en el valor de los derechos de pago único que aplicará el Gobierno en la campaña 2014 para adaptarse al nuevo marco financiero, “un recorte que se aplicará a todos los perceptores por igual”, ha aseverado.

“Se trata de una medida inadmisible que el Gobierno ha tomado sin tener en consideración los 208.000 pequeños agricultores y ganaderos andaluces, con modestas explotaciones, que están haciendo un esfuerzo por mantenerse y que reciben menos de 5.000 euros de ayudas al año”.

El año 2014 es un ejercicio de adaptación al nuevo marco financiero (2014-2020) en el que se producirá una reducción en el bruto de las ayudas de la PAC. Sin embargo, al descontar la disciplina financiera aplicada por primera vez en este ejercicio y otras medidas de control presupuestario como la modulación o el rebasamiento, el sobre neto que va a corresponder a España va a ser muy similar al montante de las ayudas de 2013. Pero se da la paradoja de que, a nivel individual, sí puedan darse grandes diferencias en las cantidades que percibirán los agricultores en 2014 respecto a 2013, perjudicando especialmente a los que reciben menos de 5.000 euros.

El Reglamento de Transición, que regula los fondos que se distribuirán en este ejercicio de adaptación al nuevo marco, permite una medida de excepcionalidad y evitar una reducción lineal a los agricultores que declararon menos de 5.000 euros de pagos directos en 2013. “Pero corresponde a cada Gobierno la decisión última sobre su aplicación y fijar el tope de las ayudas exentas de reducción; y el Gobierno de España no ha querido aprovechar esta flexibilidad”, ha recordado la consejera.

“El Ministerio ha ignorado las advertencias de Andalucía y este recorte se consolida para el futuro porque será la base para calcular los derechos de pago básico en 2015 y para los años posteriores, hasta 2020”, ha lamentado.

Ley del Olivar

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha informado también del estado actual de la Ley del Olivar, cuyo principal objetivo es avanzar en la eficiencia de los territorios y del sector del olivar, de forma equitativa y sostenible. Al respecto, Elena Víboras ha subrayado que, “el olivar es un sector vital para el Gobierno andaluz” y ha concretado que “los objetivos e instrumentos de esta Ley se desarrollan con diversas medidas, entre ellas la eficiencia energética; algo muy difícil de lograr con la subida de la tarifa eléctrica y el recorte a la energía renovable”, ha lamentado.

Asimismo, ha añadido, esta Ley depende de la Política Agrícola Común (PAC) y del nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR), con un subprograma específico del olivar, “un PDR al que el Gobierno de España ha recortado más de 258 millones de euros”, ha recordado.

En cuanto al Plan Director del Olivar, “un plan fruto del consenso que ha necesitado su tiempo”, la consejera ha anunciado que se presentará al Consejo Andaluz del Olivar en abril.