El Comisión de Medio ambiente del Parlamento Europeo ha elaborado un borrador de informe sobre el fraude alimentario en la UE y sobre como poder controlarlo y combatirlo. La portavoz es Esther de Lange. Combatir el fraude alimentario es un punto relativamente nuevo en la agenda europea, así como darle carácter prioritario.

Según recoge el informe, la normativa comunitaria actualmente no cuenta con una definición de fraude alimentario y los Estados miembro han ido adoptando diferentes aproximaciones.

Los principales tipos de fraude que se han producido recientemente son la sustitución de ingredientes clave por otros más baratos, etiquetar erróneamente las especies animales que se usan en un producto cárnico, etiquetar incorrectamente los pesos, vender productos convencionales como ecológicos, usar ilegalmente logos de calidad relacionados con el bienestar animal, etiquetar pescado producido en piscifactorías como si hubieran sido pescados o vender productos con la fecha de consumo caducada. La gran mayoría de estos fraudes son un engaño económico para el consumidor porque está pagando un precio más alto por algo que cree que compra cuando no es verdad, pero no suelen suponer un problema de seguridad de los alimentos.

Los productos que son más frecuentemente sujetos a fraude son el aceite de oliva, pescado, productos ecológicos, granos, miel, café, te, especias, vino, ciertos zumos de fruta y leche. Destacar que en la lista incluida en el informe no se encuentra la carne, aunque todavía está reciente el lamentable escándalo de la carne de caballo.

Algunas de las recomendaciones que recoge el informe son:

– No solo se debería controlar el fraude sino también prevenirlo.

– Todos los operadores que procesan, comercian y almacenan materias primas e ingredientes deberían estar registrados como operadores alimentarios y estar sujetos a controles.

– Deberían introducirse sistemas de certificación electrónica en la cadena alimentaria.

– Prevenir la presión a la que son sometidos los productores primarios por parte de la distribución para producir más barato.

– Las inspecciones de la Oficina Veterinaria y Alimentaría de la UE (FVO) debería incluir el fraude alimentario y las auditorias de la FVO deberían realizarse sin previo aviso.

– Se deberían aplicar sanciones que desincentiven estas prácticas. El informe plantea sanciones que sean el doble de la cantidad que se esperaba obtener por la actividad fraudulenta.

– Aplicar sistemas electrónicos para un rápido intercambio de información entre los estados miembro en relación con los fraudes.