La ALIANZA UPA-COAG denuncia que la reforma del sistema de pensiones que ha aprobado el Gobierno central recientemente va a suponer a cada agricultor y ganadero jubilado de Castilla y León una pérdida adquisitiva aproximada a 150 euros el próximo año.

Según las estimaciones de nuestra organización son alrededor de 70.000 pensionistas agrarios los que en nuestra comunidad autónoma forman parte del colectivo de 200.000 autónomos jubilados en Castilla y León.

La pensión media que perciben los agricultores y ganaderos, después de toda una vida dedicada a un trabajo tan duro como es el agrario, es de apenas 660 euros, un 30 % inferior a la que perciben como media los pensionistas del régimen general.

En este sentido, los agricultores y ganaderos son el colectivo más perjudicado por una reforma tan antisocial como la aprobada días atrás por el Gobierno central sobre las pensiones, ya que en la actualidad cobran las jubilaciones más bajas del sistema de la seguridad social.

La decisión adoptada por el Ejecutivo con su mayoría aplastante se sitúa al margen del Pacto de Toledo, y es muy dañina puesto que la revalorización de las pensiones supone apenas un miserable 0,25 % los próximos años, especialmente insultante si tenemos en cuenta la previsión de inflación que sólo en el próximo año se estima en un 1,7 %.

Esto supone que según los cálculos de LA ALIANZA UPA-COAG el Gobierno central se ensañe especialmente con los más desfavorecidos, el sector agrario, hasta el punto de castigar su pensión en aproximadamente 150 euros/año/persona, lo que supone solo en Castilla y León en el año 2014 alrededor de 10 millones de euros de pérdida de poder adquisitivo para el colectivo de pensionistas agrarios.

Nuestra organización considera un despropósito absoluto la reforma aplicada por el Ejecutivo, puesto que resulta insolidaria en el momento en que penaliza por igual al jubilado que cobra 600 euros que al que percibe 3.000 euros.

Con esta decisión política se agranda aún más la diferencia entre la ciudad y el pueblo. Los agricultores y ganaderos jubilados ya sufren la penalización de vivir donde viven; soportan un mayor gasto en los traslados para la gestión de cualquier trámite, tienen menos posibilidades en la atención sanitaria o carecen de prestación de servicios asistenciales, por citar sólo tres ejemplos de agravio comparativo.