Una vendimia más la gran mayoría de los viticultores españoles entregarán sus uvas sin conocer ni a cuánto ni cuándo las cobrarán. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que las bodegas incumplen de forma sistemática los plazos de pago al viticultor recogidos en la Ley de morosidad. “Esta situación de ilegalidad no ha de consentirse por más tiempo, ya que mientras los agricultores tienen que cumplir todas las condiciones impuestas por los bodegueros, estos campan sus anchas incumpliendo sistemáticamente la normativa. Las autoridades competentes tienen que actuar de inmediato”, ha afirmado Alejandro García-Gasco, responsable del sector vitivinícola de COAG.

La normativa contra la morosidad en las operaciones comerciales (Ley 15/2010) [1] establece claramente que los plazos para pagar uvas y vino son de 30 y 60 días, respectivamente. Las cooperativas sólo tienen que cumplir estos plazos cuando compren producto a no socios. Pero la realidad en el sector agrario en general, y en el vitivinícola en particular, es que estos plazos se incumplen de forma continuada. El 90% de los viticultores no cobran dentro de estos plazos: los más afortunados reciben un anticipo a final de año, pero la mayoría de las liquidaciones se producen a lo largo del primer semestre del siguiente. “Es una financiación encubierta de las bodegas a costa del bolsillo de los agricultores, que cobran cuando ya se ha vendido parte del vino producido”, ha subrayado García-Gasco. “En algunos casos, ante la reclamación del viticultor para que se cumpla la ley, los bodegueros amenazan con imputarle los costes financieros del pago a 30 días”, ha puntualizado el responsable de COAG.

Esta ilegalidad es cada vez más pública y notoria, como se refleja en la información publicada recientemente por diario La Rioja: United Wineries (antigua Berberana) ha anunciado por carta a sus proveedores que no cobrarán la uva hasta septiembre del año próximo [2]. En Valdepeñas, una de las bodegas de referencia ha anunciado en su tablilla [3] que pagará la uva a plazos y la liquidación total no se producirá hasta el 25 de abril de 2014.

COAG confía en que esta situación cambie a partir del año próximo, con la entrada en vigor de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, que incluye un régimen sancionador del que carece la actual Ley contra la morosidad estableciendo como infracción grave el incumplimiento de los citados plazos de pago y obligando a realizar contratos en origen por escrito con anterioridad a la entrega. Esta organización vigilará que el Ministerio de Agricultura persiga y sancione a las empresas que incumplan la normativa, tanto en el sector vitivinícola como en el resto de los sectores productivos agrarios.