El Gobierno catalán acordó ayer solicitar al Consejo de Garantías Estatutarias el preceptivo dictamen previo a la interposición de un posible recurso de inconstitucionalidad en relación con varios artículos de la Ley estatal de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario por considerar que vulnera las competencias exclusivas de Cataluña en la materia.

El Ejecutivo considera que esta normativa es una medida innecesaria e ineficaz para solucionar el problema de la atomización del sector cooperativo, y que el ámbito supraautonómico de las «entidades asociativas prioritarias» que establece es discriminatorio y debería suprimirse y abrir a cualquier entidad del Estado que cumpla las condiciones exigidas independientemente de su ámbito territorial. Este es el punto débil de la norma porque la ley estatal se justifica por el ámbito supraautonómico que la hace competente.

Además, se crea una nueva estructura administrativa, en contra de las políticas de simplificación, y en el articulado de la nueva norma se constata indefinición en los criterios de la dimensión necesaria de una entidad asociativa para ser prioritaria y, esto se hace sin tener la seguridad de que las directivas comunitarias permitirán dar ayudas a estas entidades que concentrarán grandes volúmenes de negocio, actualmente excluidas de subvención. El Gobierno mantiene que sin un régimen especial para las cooperativas agrarias de las ayudas comunitarias y los Estados miembros, es incierto que las grandes entidades asociativas prioritarias puedan cumplir los requisitos para ser beneficiarios de subvenciones públicas.

Cabe destacar que la intención de la Ley es recentralizar las competencias en la materia y disponer de los recursos de las comunidades autónomas, vulnerando la distribución de competencias autonómicas vigentes.

Por todo ello, el Gobierno catalán considera que esta Ley es desproporcionada por los beneficios para el cooperativismo que se derivan, además del hecho de que su financiación es indefinido y cuenta con los recursos de las administraciones autonómicas.