Uno de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada los pasados 24 y 25 de julio, sobre el modelo de aplicación de la nueva PAC en España, hace referencia a que los productores y superficies de frutas y hortalizas que, hasta ahora, no venían percibiendo ayudas de la PAC, no se incorporarán al nuevo modelo de ayudas. Este órgano, que está compuesto por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas, perpetúa con esta decisión, absolutamente injusta y errónea, una situación discriminatoria en la que miles de agricultores profesionales del sector hortofrutícola llevarán a cabo, sin ayudas directas, la misma actividad que otros, que si contarán con ellas, y por tanto, competirán en el mercado en inferioridad de condiciones.

El Responsable Estatal de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha señalado que “la falta de sensibilidad del Ministerio y las Comunidades Autónomas con el sector es pasmosa, permitiendo que se mantengan las diferencias entre agricultores que producen lo mismo, incluso en explotaciones contiguas. Exigimos a los causantes de este esperpento, Ministerio y Comunidades Autónomas, que expliquen cómo se van a evitar las distorsiones en el mercado, al que van a llegar producciones con ayudas y sin ellas”.

En la nueva PAC se va a mantener un escenario, creado hace años, en el que hay agricultores profesionales que no van a acceder a las ayudas mientras que otros no profesionales sí las van a cobrar. COAG reclama que todos los agricultores profesionales de frutas y hortalizas y viñedo entren en el nuevo sistema de ayudas. Por otra parte, si se definiese adecuadamente el concepto de agricultor activo se podrían obtener recursos más que suficientes para atender la incorporación de estas nuevas superficies. Góngora ha añadido que “COAG ha buscado, y seguirá buscando, el fin de las distorsiones actuales que permiten que algunos agricultores produzcan frutas y hortalizas con ayudas directas, mientras que otros productores tradicionales del sector se encuentren al margen del sistema”.

Hay que recordar que esta distorsión también se repetiría con nuestros propios competidores europeos, que podrían acceder a los pagos y tendrían una ventaja competitiva a la hora de participar en el mercado, mientras que los hortofruticultores del Estado no podrían hacerlo.

En esta línea, es oportuno señalar que la aplicación de la reforma de la Política Agraria Común ha de respetar los principios básicos del derecho comunitario de no discriminación entre agricultores que desarrollan la misma actividad y la no distorsión de la competencia, garantizando a todas las explotaciones agrarias las mismas reglas del juego, con independencia de su localización, para evitar distorsiones a la competencia o la competencia desleal entre productores.