La Alianza UPA-COAG considera que quedan por cerrar aspectos sustanciales de la negociación sobre la aplicación de la nueva PAC antes de valorar el resultado de la misma para los agricultores y ganaderos de Castilla y León. En este sentido, la definición de “agricultor activo” resultará clave para determinar que dicha valoración sea positiva o negativa para el modelo social agrario que defiende y representa la Alianza UPA-COAG.

Si podemos no obstante reconocer algunos avances en sentido positivo, como el diseño de un modelo uniforme de aplicación de la PAC en todo el estado a partir de una regionalización basada en comarcas agrarias y en la limitación de la superficie con derecho a ayudas, lo que posibilitará el mantenimiento el status quo y, por tanto, la práctica garantía de los 925 millones de euros que en la actualidad llegan cada año a Castilla y León como pagos del primer pilar. Otros aspectos igualmente positivos son la asignación del 2 % para el apoyo a los agricultores jóvenes; destinar el porcentaje máximo del 15 % para los pagos acoplados (en el que los sectores ganaderos, de tanto importancia para Castilla y León, tendrán una consideración prioritaria); el rechazo al trasvase de fondos entre pilares y el establecimiento de un programa nacional de desarrollo rural.

Entre los aspectos negativos, para la Alianza UPA-COAG resulta preocupante la falta de acuerdo sobre la definición de “agricultor activo”, en el sentido expresado en la posición común de Castilla y León de que los perceptores de las ayudas PAC cumplan, entre otros referidos a la dedicación y al porcentaje de renta obtenido de la actividad en la explotación, el requisito de ser cotizantes a la seguridad social agraria.

Otro aspecto que no gusta a la Alianza UPA-COAG es la incertidumbre que aún se mantiene sobre el reparto de los fondos del segundo pilar y, lo que es más preocupante, que la mayor parte del debate y decisión en relación a este asunto se vaya a realizar en mesas “técnicas”, cuando se trata de una cuestión fundamentalmente política.

Tampoco nos parece adecuado, por excesivo, el importe de 300.000 euros utilizado como techo máximo de ayuda por explotación, importe del que se descontará la parte procedente del pago verde; recordemos que la Alianza UPA-COAG siempre se mostró partidaria de limitar las ayudas a un máximo de 100.000 euros por explotación, teniendo en cuenta el empleo utilizado en la misma.

Para COAG y UPA este documento común es un refuerzo importantísmo de la posición de nuestra comunidad ante la apertura del proceso negociador en el estado español, a la vez que supone un respaldo y un fortalecimiento de los responsables de Castilla y León en la negociación para una mejor defensa del interés general de nuestros agricultores y ganaderos, confirmando el carácter absolutamente estratégico del sector agrario regional.

Por último, consideramos que el rechazar el pago adicional redistributivo a las primeras hectáreas es una ocasión perdida para reequilibrar con un criterio social el injusto reparto de las ayudas.