Pese a que aún quedan por articular aspectos muy importantes para el sector agrario, el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha valorado hoy el trabajo y el esfuerzo negociador desarrollado por el ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y por el titular andaluz de Agricultura, Luis Planas, quiénes han impulsado la implantación en la nueva PAC del modelo de comarcas agrarias, establecidas en función de una combinación de criterios, para evitar el trasvase de fondos entre agricultores y ganaderos de distintos territorios y sistemas productivos, neutralizando así el efecto pernicioso de la tasa plana y evitando las convulsiones y los desequilibrios que hubiera provocado el trasvase injustificado de fondos que conllevaba la aplicación de dicha tasa en un país tan diverso como el nuestro.

Desde ASAJA-Andalucía debemos recordar que ya en noviembre de 2011, en las conclusiones de la Conferencia Agraria que celebramos en Sevilla para analizar las propuestas legislativas de la nueva PAC con la presencia de representantes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, las CC.AA. y el propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, dejamos claro que la solución para evitar la debacle provenía de una combinación de elementos, entre ellos, el de evitar que computara a efectos de los pagos directos de la PAC toda la superficie potencialmente elegible de España, que podría haber llegado a los 38 millones de hectáreas, y el de fijar criterios de diferenciación que no perjudicaran a la agricultura más productiva, para lo que proponíamos la “comarcalización o articulación de zonas homogéneas que garanticen el equilibrio productivo y presupuestario lo más cercano posible a la situación actual”.

Por ello, debemos calificar de satisfactorios los primeros acuerdos alcanzados en la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid en los dos últimos días entre el Ministerio de Agricultura y los titulares de esta competencia en las diecisiete CC.AA. puesto que además de impulsar el aspecto central de la reforma, la creación de comarcas homogéneas, han rechazado aspectos tan lesivos como el del falso y estéril pago redistributivo, cuya implantación hubiera llevado a favorecer los trasvases injustificados entre agricultores y sectores, pudiendo llegar a provocar la ruptura artificial de las explotaciones, han decidido aplicar las ayudas acopladas en su porcentaje máximo, el 15%, con una consideración prioritaria para el sector ganadero, tal y como pedía ASAJA, pues era una de los grandes damnificados de la reforma y han apostado por apoyar la incorporación de jóvenes agricultores con el límite máximo del presupuesto permitido por Bruselas el 2%, si bien estos fondos se detraen del pago básico de todos los agricultores y no de los fondos de Desarrollo Rural como proponía ASAJA.

Dentro de las medias aprobadas en materia de Desarrollo Rural ASAJA-Andalucía considera un acierto el acuerdo para establecer mecanismos que, en su caso, faciliten la transferencia de fondos de desarrollo rural entre programas nacionales y autonómicos con el objetivo de evitar que se pierdan fondos comunitarios. Mientras que a nuestro juicio constituye un error impedir el posible trasvase de fondos del segundo pilar (Desarrollo Rural) al primero (Pagos Directos) pues este trasvase permitiría sufragar, por ejemplo, el 2% del complemento de ayuda a la incorporación de jóvenes en el primer pilar sin reducir el pago base del resto de agricultores y manteniendo además las ayudas con las que ya cuentan los jóvenes en los programas de desarrollo rural del segundo pilar.

No obstante aún quedan por desarrollar aspectos muy importantes, como son el de la definición de los perceptores de los pagos, aspecto en el que ASAJA defenderá, tal y como ha mantenido hasta ahora, que los pagos estén vinculados al desarrollo de una actividad agrícola o ganadera real, a una verdadera agricultura activa. En este aspecto consideramos que no se debe ir más allá de la lista negativa y excluyente que contempla el acuerdo europeo, de manera que se evite la implementación de criterios o requisitos que puedan provocar una distorsión de la competencia entre agricultores de los distintos estados miembros, dado que todos ellos son perceptores de los mismos fondos europeos.

Asimismo queda pendiente la determinación de las ayudas acopladas, tan importantes para Andalucía. Queda por concretar que otros sectores con necesidades específicas, además de a la ganadería, recibirán financiación de estas ayudas acopladas, cuestión aún pendiente de debatir.

Respecto al denominado “capping”, se trata de una medida incoherente, pues va en contra de la filosofía de primar y favorecer la concentración que persigue la reforma en materia de mercado y en otros muchos aspectos, y se trata sin duda de una medida equivocada que puede provocar la escisión de explotaciones y va en contra del principio empresarial de la economía de escala. En todo caso, desde ASAJA trabajaremos para que se tengan en cuenta los distintos modelos de agricultura asociativa con los que contamos en Andalucía.

En cuanto al Desarrollo Rural, a parte de la crítica a la no transferencia de fondos del segundo pilar al primero, vemos positivos en líneas generales los acuerdos adoptados, especialmente en cuanto a lo referido a la armonización de las condiciones de aplicación de determinadas medidas a nivel nacional, así como lo referido a la aprobación de mecanismos de flexibilización para evitar la pérdida de fondos a nivel nacional.

Respecto a la OCM Única y la normativa que debe desarrollarse para fomentar las Organizaciones de Productores (OPs), desde ASAJA demandamos que esta normativa contemple el máximo de flexibilidad en los mecanismos que se articulen para el reconocimiento de las OPs para facilitar su constitución.

Por último, desde ASAJA-Andalucía valoramos la actitud seria, dialogante y eficiente que ha mantenido el consejero de Agricultura, Luis Planas, y todo su equipo en este periodo tan intenso de negociación de la PAC, una actitud que ha facilitado el trabajo, la interlocución con las organizaciones agrarias, y en definitiva ha permitido lograr buena parte de los objetivos que se planteaba nuestra región ante una propuesta de reforma que, de mantenerse tal y como estaba redactada inicialmente, hubiera llevado al desmantelamiento de todo el sector productivo andaluz. Por lo que entendemos que es de justicia agradecer públicamente su buen hacer.