Esta semana 113 organizaciones y coaliciones de la sociedad civil, entre ellas muchas españolas, han expresado en una carta abierta1 su preocupación sobre los impactos ambientales, sociales y económicos de la entrada al mercado europeo de agrocombustibles (también llamados biocombustibles). Esta carta llega en uno de los momentos más importantes de la revisión de las políticas europeas en la materia: la votación en los diferentes Comités del Parlamento Europeo sobre la Propuesta de la Comisión para una nueva legislación.

Las organizaciones firmantes, que representan a millones de ciudadanos, instan a los responsables políticos europeos a revertir la expansión de los agrocombustibles procedentes de cultivos, por no presentar ventajas o muy pocas para el clima y en cambio provocar graves impactos ambientales y sociales:

· Está muy documentado que, al desplazar otros cultivos, los agrocombustibles provocan directa e indirectamente la destrucción de ecosistemas vitales para el almacenamiento de carbono, como bosques y humedales. Así, dichos carburantes provocan una cantidad de gases de efecto invernadero parecida o incluso mayor que los combustibles fósiles, tornando a ridículas esas políticas que supuestamente luchan contra el cambio climático.

· La competencia por la tierra que generan contribuye al aumento y la volatilidad de los precios de los alimentos, exacerbando la pobreza y el hambre de las poblaciones más vulnerables del mundo.

· Todo esto con un coste de 10.000 millones de euros al año para los contribuyentes y conductores europeos.

Liliane Spendeler, portavoz de Amigos de la Tierra, declaró que “la demanda europea en agrocombustibles está incrementando la tensión en relación al uso de la tierra en los países del Sur, provocando acaparamientos de tierras, deforestaciones y conflictos sociales. Es imprescindible reducir los agrocarburantes si no queremos que nuestros coches se muevan a costa del empobrecimiento de los pueblos del Sur”.

La organizaciones firmantes de la carta demandan que se contabilicen las emisiones de gases de efecto invernadero debidas al cambio indirecto en el uso del suelo (el llamado efecto ILUC) en los criterios de sostenibilidad, que se imponga un tope máximo y una paulatina reducción de los agrocarburantes procedentes de cualquier tipo de cultivo, así como la desaparición de incentivos económicos en forma de ventajas fiscales o subvenciones.

Abel Esteban, portavoz de Ecologistas en Acción, añadió: “los eurodiputados tienen en estos días la responsabilidad de revertir esta desastrosa situación. Desgraciadamente algunas Comisiones del Parlamento Europeo ya han votado en la dirección contraria, subiendo el tope máximo propuesto por la Comisión y eliminando los factores ILUC. Los eurodiputados del PP y PSOE han votado en este sentido.

Esperemos que cambie su voto en la Comisión de Medio Ambiente el 10 de julio, huyendo de combustibles que además de destruir el planeta y la vida de millones de personas en el Sur Global, cuestan mucho dinero a los estados y conductores/as europeos/as”.

Europa necesita un verdadero cambio en su modelo de transporte, con vehículos mucho más eficientes, un buen transporte público, la electrificación basada en energías renovables, soluciones que sí aportan beneficios sociales, ambientales y económicos reales.