El dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de la Ley de Emprendedores, que se aprobó ayer, recoge literalmente, a propuesta de COAG, que “se debe dedicar especial atención al emprendimiento de las actividades económicas que se desarrollan en el medio rural e impulsar las medidas oportunas para acortar la brecha digital entre el medio rural y medio urbano”.

Debido a las dificultades presupuestarias de las Administraciones, no se están cubriendo en su totalidad el aumento de las solicitudes de incorporación de jóvenes al campo, (+79% en el último año [1]). Además, se están produciendo demoras en las resoluciones definitivas y en algunos casos se adeudan cantidades ya concedidas a los agricultores jóvenes instalados. “Ante la elevada tasa de paro juvenil y la ausencia de alternativas laborales en el medio rural es vital apoyar la incorporación de jóvenes al sector agrario en la Ley de emprendedores para impulsar el desarrollo económico y social de nuestros pueblos”, ha remarcado Eduardo Navarro, representante de COAG en el CES, a lo que ha añadido, “además, es una gran oportunidad para acometer el necesario relevo generacional en el campo”. Según datos de la Comisión Europea, sólo el 5,3% de los agricultores españoles se encuentran por debajo de los 35 años, mientras el 56,3% sobrepasaba los 55 años.

En referencia a la brecha digital entre el mundo urbano y rural, que sigue superando el 10% según datos del INE [2], Navarro ha apuntado que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación sería muy importante para fomentar actividades como la venta directa de productos agrarios. “Los últimos estudios apuntan que de cada 12 euros gastados en un esquema de canal corto de comercialización genera 30 euros para la economía local”.

A nivel general, el dictamen del CES valora positivamente las medidas que pretenden facilitar el inicio, desarrollo y consolidación de actividades económicas, aunque considera que el “objetivo de la norma es confuso y el contenido complejo y heterogéneo. Asimismo, considera “oportuno” el criterio de caja en el IVA, pero entiende que la “regulación restrictiva de la norma complica y encarece la gestión del impuesto” y “echa en falta” medidas para paliar la restricción del crédito que sufren las empresas españolas.