La ALIANZA UPA-COAG considera un atentado a la igualdad de oportunidades el recorte de servicios ferroviarios que quiere imponer el Ministerio de Fomento, y que empezará a afectar a partir del próximo lunes en muchas líneas de Castilla y León.

La reducción prevista por el Gobierno central afecta al 30 % de los trenes de media distancia que circulan en nuestra comunidad autónoma, supone la supresión de más de 300 trayectos y afecta a 40.000 personas.

Nuestra organización denuncia que con este `ensañamiento´ del Ministerio de Fomento contra los ciudadanos de Castilla y León muchos municipios rurales se quedan sin servicio ferroviario, y su supresión contribuirá a aumentar la despoblación en la comunidad autónoma, y va en perjuicio de los habitantes de los municipios rurales.

Castilla y León actualmente cuenta con cuatro líneas regionales (Salamanca-Ávila, Valladolid-Medina del Campo-Ávila, Valladolid-Palencia, Valladolid-Palencia-Burgos) y cinco extrarregionales (Valladolid-Reinosa, Puebla de Sanabria-Orense, Miranda de Ebro-Logroño, Madrid-Segovia, Guadalajara-Arcos de Jalón) que han sido condenadas a la desaparición.

Ante esta situación, y debido al daño irreparable que se va a cometer contra trabajadores y estudiantes usuarios del medio rural, LA ALIANZA UPA-COAG pide a la Junta de Castilla y León que se implique y evite el cierre de servicios ferroviarios.

No es de recibo que bajo planteamientos de rentabilidad económica y absolutamente perniciosos como `que un servicio público que no es rentable no se mantiene´ se deje a muchos pueblos de nuestra comunidad autónoma sin el único medio de transporte público del que disponen ahora.

LA ALIANZA UPA-COAG reivindica el derecho constitucional a la movilidad teniendo en cuenta que hay pasajeros que no podrán desplazarse por no contar con medios, y al igual que la sanidad, el empleo o la enseñanza, la movilidad es un derecho básico de las personas.

En ningún caso la rentabilidad económica puede ser el único argumento para ir directamente en contra del estado de bienestar, y sí la rentabilidad social, especialmente cuando se trata de un medio de transporte como el tren que sirve para garantizar el propio acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios y educativos.

Finalmente nos preguntamos de qué sirve tanta `lucha´ contra la despoblación a través de la `Mesa de la Ordenación del Territorio´ o los planes de apoyo a las mujeres rurales, cuando después se suprimen servicios básicos que, como los ferroviarios, atentan contra la vertebración de la Comunidad, atacan al medio rural, fomentan la despoblación, tienen graves repercusiones en el empleo directo e indirecto y profundizan en la desigualdad entre el medio urbano y el medio rural.