El Consejo de Ministros estudió el viernes , a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Anteproyecto de Ley deEvaluación Ambiental con el objetivo de garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente a través de la prevención. Además, unifica en una norma las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental y determina con mayor precisión los trámites administrativos.

Con este Anteproyecto, el Gobierno pretende subsanar las deficiencias del actual modelo y prevé, de acuerdo con las directivas comunitarias, que se sometan a evaluación ambiental los planes, programas o proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

En este sentido, establece que la evaluación sea especialmente garantista en el caso de los proyectos para los que se prevean impactos significativos, pero más ágil y menos costosa para las iniciativas con una menor incidencia ambiental.

Entre otras medidas, la norma especifica que la falta de pronunciamiento del órgano ambiental en los plazos legalmente establecidos en ningún caso podrá entenderse como una evaluación ambiental favorable. Exige, asimismo, una mayor calidad en los estudios y documentos sobre los que deben pronunciarse los órganos ambientales.

REDUCCIÓN DE EXPEDIENTES Y PLAZOS

Desde el punto de vista de los procedimientos, el Anteproyecto ajusta los tiempos de tramitación, especialmente en la evaluación de impacto ambiental, y establece un plazo de entre 4 y 6 meses de duración, lo que evitará dilaciones de difícil justificación desde el punto de vista ambiental. La media actual de resolución de los proyectos sujetos al procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental se sitúa en 3,4 años.

La norma pretende, por tanto, solucionar los problemas detectados en el ámbito de la evaluación ambiental, ya que en la actualidad existen alrededor de 10.000 expedientes pendientes de resolver en el conjunto de las administraciones.

La futura Ley, al tiempo que garantiza un alto nivel de protección medioambiental, tendrá efectos positivos sobre el crecimiento y el empleo, ya que las tramitaciones ajustadas a los nuevos plazos incentivarán la inversión y, al simplificar los procedimientos administrativos, también promoverá la generación de puestos de trabajo.

En concreto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estima que tendrá un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros y que generará unos 80.000 empleos.

FRACTURA HIDRÁULICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

En consonancia con el Anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo (actualmente en tramitación parlamentaria), la futura Ley someterá a evaluación todos los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica o “fracking” para la extracción de hidrocarburos.Hasta ahora, esta técnica no estaba regulada expresamente por la normativa.

Otra de las novedades introducidas en la norma es que integra el estudio de los efectos de los proyectos sobre el cambio climático y que crea los bancos de conservación de la naturaleza, un nuevo instrumento de mercado para compensar, reparar o restaurar las posibles pérdidas netas de los valores naturales.

COORDINACIÓN CON CCAA E INFORMACIÓN PÚBLICA

El Anteproyecto presentado hoyestablece una detallada regulación de los procedimientos ambientales de aplicación en el ámbito de la Administración General del Estado, mientras que las comunidades autónomas que decidan establecer su propia normativa deberán respetar los principios básicos contenidos en la nueva Ley.

Con esta finalidad, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente asumirá el papel de foro para la propuesta y el debate de las reformas legislativas necesarias para la adaptación de la normativa autonómica a la futura Ley de Evaluación Ambiental.

Por último, también promueve las nuevas tecnologías y el acceso de los ciudadanos a la Administración electrónica y, en el ámbito de la participación, favorece el trámite de información pública al ciudadano, todo ello orientado, en definitiva, a sumar esfuerzos para una protección efectiva del medio ambiente.