El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Luis Planas, ha informado al Consejo de Gobierno sobre los resultados de la discusión de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que se ha llevado a cabo en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea.

Luis Planas ha expuesto la posición del Gobierno andaluz ante las negociaciones finales que abordarán en las próximas semanas estas instituciones y la Comisión Europea para cerrar la reforma en el mes de junio. En este sentido, ha subrayado que la Junta seguirá trabajando para conseguir una PAC reforzada, que mantenga las reivindicaciones de mejora con las que coincide Andalucía y recoja aquellas que aún no han sido introducidas en las propuestas de partida.

De acuerdo con el calendario previsto, cada Estado miembro tendrá que aprobar la normativa de desarrollo interno tras la publicación de los nuevos reglamentos europeos. En ese momento, ha explicado Planas, “el debate será a nivel nacional y desde Andalucía defenderemos nuestra posición para que nuestro sector mantenga el nivel de apoyo adecuado a la realidad productiva y al objetivo de promover la competitividad y la generación de empleo”.

El titular de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha subrayado que actualmente Andalucía recibe de la PAC en torno a 2.000 millones de euros anuales. De ellos, unos 1.600 millones corresponden a ayudas directas que complementan las rentas de más de 250.000 agricultores. El resto se enmarca en el Programa de Desarrollo Rural y gestión de mercados.

Planas ha recordado que mantener una aportación en los niveles actuales, que supone entre el 20% y el 35% de la renta, es uno de los objetivos centrales del acuerdo por el sector agrario y el mundo rural andaluz firmado recientemente por la Junta y las organizaciones profesionales agrarias.

“Más de 200.000 explotaciones ven comprometido su futuro en función de esta negociación, así como los 280.000 empleos que genera el sector”, ha resaltado el respon-sable de Agricultura del Gobierno andaluz, quien, en este sentido, también ha señalado que el acuerdo alcanzado sobre el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, pendiente de ser refrendado por el Parlamento, “no es suficiente”. En el caso de España, el marco fija un presupuesto total de ayudas directas de 35.705 millones de euros para ese periodo, lo que supone una pérdida del 12% en términos reales, a lo que se añaden 8.291 millones de euros para el desarrollo rural (un 10 % menos).

En cuanto a la gestión de los mercados y el reequilibrio de la cadena alimentaria, Luis Planas ha destacado que la posición de partida del Parlamento Europeo propone avances con los que coincide el Gobierno andaluz para una mejor regulación de los mercados. Entre ellos, señala la necesidad de desarrollar herramientas que permitan dar una respuesta ágil y eficaz a los episodios de crisis del sector agrario.

Flexibilidad
La Junta también defiende que el reparto financiero se realice teniendo en cuenta las características y el peso específico que tiene el sector andaluz en España y la Unión Europea. En este sentido, el consejero ha valorado los mecanismos de flexibilidad introduci-dos por el Consejo y el Parlamento europeos para suavizar el periodo transitorio a un nuevo modelo de subvenciones directas y para limitar las transferencias de ayudas entre agricultores, sectores y territorios.

Respecto a la política de desarrollo rural, el Gobierno andaluz respalda la flexibilización en los requisitos de determinadas ayudas, como las relativas a inversiones en regadíos, y la recuperación de la ayuda a la promoción. En este ámbito, sin embargo, el consejero ha lamentado que no se hayan incluido las mejoras que proponía Andalucía en las ayudas para la concentración de la oferta y en las destinadas al apoyo de los sistemas agroforestales (dehesas).

Entre otras propuestas que se han venido defendiendo desde Andalucía y que no se han introducido en los documentos de partida, Planas ha destacado la ausencia del algodón en el grupo de los cultivos que se pueden beneficiar de la ayuda asociada volunta-ria. Tampoco se han recogido la extensión de la cuota láctea ni el establecimiento de un sistema de reservas estratégicas de materias primas para la alimentación del ganado.

Desde el ingreso de España en la Unión Europea en 1986, la PAC se ha destacado de forma progresiva como instrumento fundamental en la gestión del sector primario y su agroindustria. En estos 27 años, Andalucía ha recibido alrededor de 40.000 millones de euros (más del 90% en ayudas directas y mecanismos de gestión de mercado, y el resto para desarrollo rural).

Andalucía es una de las regiones europeas de mayor un peso en agricultura, con cerca de 10.000 millones de euros de producción que la sitúan por delante de 18 estados miembros. En cuanto a la balanza comercial, la comunidad exportó productos alimenta-rios por un valor de 7.000 millones de euros en 2012, de los que más del 76% tuvieron como destino la Unión Europea.

El sector agroalimentario en su conjunto, que incluye el sector primario y más de 5.400 industrias agroalimentarias, aporta alrededor del 8% del PIB y el 10% del empleo en la comunidad autónoma.