Más de 3.000 agricultores y ganaderos: mujeres, hombres, jóvenes y personas de todas las edades se concentraron ayer a las puertas de la sede de la Unión Europea en Madrid, con el objetivo de trasladar a Bruselas que el mundo rural “no puede soportar ni un recorte más”. Así lo ha dicho hoy el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, durante la movilización convocada por esta organización agraria frente a la sede en España de la UE, que coincide con el inicio en Bruselas de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los 27 para decidir el presupuesto comunitario para 2014-2020.

En este sentido, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado que esta rebaja presupuestaria puede ocasionar a España unas pérdidas de entre 500 y 1.000 millones de euros al año. Así lo ha asegurado el secretario general de la organización, Lorenzo Ramos, quien ha avanzado que, tras la aprobación de estos presupuestos, llega la reforma de la Política Agraria Común (PAC), «que es criminal para este país».

En declaraciones a los medios, ha explicado que el motivo de la concentración es la oposición del sector a ese recorte del 20% en la agricultura europea para los próximos años «y para decirle a la Comisión Europea y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que este colectivo está harto de tanta reforma». Según ha asegurado, el sector agrario no aguanta ni un solo recorte más «y ya no le salen las cuentas, porque los costes de producción han subido tremendamente mientras que los productos se venden a precios más bajos».

«Entendemos que las cosas están difíciles y que estamos en un momento de crisis, pero si hay una situación así, el presupuesto se debe dedicar a los verdaderos agricultores y ganaderos profesionales, no a los dueños de fincas,», ha reclamado el secretario general de UPA, quien ha explicado que la nueva PAC contempla que las ayudas se liguen a las hectáreas y no a la producción.

La organización agraria se ha quejado de que la UE esté planteando ese recorte a la agricultura cuando China está aumentando las ayudas un 130%, Brasil, un 60%, y Estados Unidos, un 40%.

Asimismo, ha afirmado que el Gobierno español no está «en primera línea» de defensa de la PAC en Bruselas, «sino que está más interesado en defender los fondos de cohesión». Por ello, Ramos ha pedido al Ejecutivo que no les mienta, «porque está en juego el futuro de la agricultura y la ganadería».

«EL GOBIERNO HABLA DEL CAMPO, PERO SE LE VA LA FUERZA POR LA BOCA»

En esta línea, Lorenzo Ramos ha aseverado que al Gobierno «se le llena la boca hablando del campo, pero se le va la fuerza por la boca, ya que el Ministerio de Agricultura es el que más recortes ha sufrido en los presupuestos desde que gobierna el PP».

Además, ha denunciado que algunas comunidades autónomas están retirando las ayudas a los seguros agrarios, «algo que es vergonzoso, porque el campo duerme todos los días al aire libre expuesto a las inclemencias del tiempo».

En cuanto a la Ley de la Cadena Alimentaria, que podría aprobarse en el Consejo de Ministros de mañana, Ramos ha pedido una ley «que sirva y que valga para que se controlen los precios de los productos». Asimismo, ha reclamado que los contratos que establezca la normativa sean obligatorios y que recojan condiciones tanto para los productores como para la industria y la distribución

También ha reclamado que la normativa incluya órganos de control y sancionadores que actúen cuando se incumplen la ley, «pues, si no es así, será una normativa muy bonita, pero no va a servir para nada».

LOS AGRICULTORES PIDEN RECORTES A LA BANCA Y AL CLERO

Los agricultores y ganaderos reunidos en la sede de la UE en Madrid han protestado por «el desmantelamiento del mundo rural a todos los niveles», y han pedido recortes a la banca y al clero, tal y como se podía leer en algunas de las pancartas que portaban.

Algunas de las consignas que han repetido los manifestantes reclamaban precios «justos» para sus productos y buenas prácticas comerciales «frente a la especulación». Además, han pedido más información para los consumidores y la «inmediata» aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria.