En la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura celebrado ayer en Bruselas, la presidencia chipriota presentó un informe con el estado de la negociación sobre la reforma de la PAC y los avances conseguidos en este semestre que ahora acaba. En su intervención, Arias Cañete ha señalado los progresos conseguidos en relación con los pagos directos, en cuanto a la flexibilización de las medidas de reverdecimiento y su equivalencia. El ministro también ha destacado otros progresos, como en la mejora de la eficacia de la gestión del régimen simplificado para pequeños agricultores y en la operatividad del pago a los jóvenes agricultores en el primer pilar de la PAC.

También ha recordado las “grandes inquietudes” de España en esta reforma, como la dilución del pago medio por hectárea que se puede producir si no se permite que el Estado miembro establezca una limitación de las superficies elegibles en base a un periodo de referencia. Asimismo, Arias Cañete ha señalado que otro de los asuntos pendientes, y también prioritario para España, es garantizar un apoyo asociado adecuado que permita atender las necesidades de aquellos sectores que afronten dificultades específicas o que se vean sensiblemente afectados por la aflicción de la nueva PAC.

Con respecto al Reglamento de la OCM, Arias Cañete considera necesario que los agricultores europeos cuenten con una red de seguridad “verdaderamente eficaz gracias a unos niveles de precios adecuados y con unas medidas excepcionales de actuación en caso de crisis que sean flexibles y con una dotación financiera adecuada”. “Estas medidas sólo serán eficaces si se consigue reequilibrar la cadena de valor y reforzar el poder negociador de los productores”, ha señalado.

En relación con el Reglamento de Desarrollo Rural, Arias Cañete ha indicado que España valora de forma “muy positiva” que se incluya la posibilidad de elaborar un programa nacional, además de los programas regionales, “con la debida limitación y garantizando la coherencia entre ellos”. En cuanto a las medidas forestales, “compartimos la inclusión de los bosques de propiedad y gestión estatal como beneficiarios de las medidas de inversiones para la prevención y restauración de daños en bosques y para mejorar la adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales”, ha añadido.

Por último, en los temas pendientes de cierre, el ministro ha solicitado la inclusión de las regiones en transición con una tasa de cofinanciación comunitaria del 75% y ha sugerido la necesidad de avanzar en el debate sobre las implicaciones del componente verde. Sobre las medidas de gestión de riesgos, “insistimos en que no deben poner en peligro la viabilidad del sistema español”, ha dicho el ministro, quien ha solicitado también que se avance en la simplificación del procedimiento de aprobación de las ayudas estatales al desarrollo rural.