El Senado aprobó ayer una moción, que ha sido defendida por la senadora popular por Asturias Laura Sampedro en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, que insta al Gobierno “a no cejar en su empeño y a actuar con la mayor fuerza posible para defender el nivel de ayudas a los agricultores y ganaderos en las zonas más desfavorecidas y de montaña, dentro del ámbito de esa nueva Política Agraria Común que se va a debatir en la U.E.”.

Sampedro abogó también porque “se mantengan los programas de desarrollo rural que contemplen medidas de indemnización compensatoria para estas zonas, con el objetivo de apoyar la renta de los agricultores y ganaderos y, al mismo tiempo, potenciar e impulsar los programas de inversión que supongan un aumento de valor añadido de la producción agrícola y forestal de este tipo de explotaciones”.

La senadora popular justificó la necesidad de dar la importancia que merecen las zonas de montaña por las actividades que allí se desarrollan como el turismo, la artesanía o las industrias agroalimentarias así como todas las relacionadas con la conservación del medio ambiente y el mantenimiento de la biodiversidad.

En su exposición, Laura Sampedro ha destacado la dureza de la vida del campo y el esfuerzo permanente de los agricultores y ganaderos que trabajan los territorios más desfavorecidos “en condiciones extremas”. “Zonas, que son susceptibles, dentro de la política de desarrollo rural que se incardina en el marco más amplio de la Política Agraria Común, de recibir un tratamiento específico que palíe dentro de lo posible sus carencias” añadió.

Sampedro explicó que en España hay clasificadas como zonas desfavorecidas casi 20,6 millones de hectáreas, lo que supone el 78% de la superficie agraria útil total y que afecta a un total de 6.017 municipios. Y que considerados como sector de Montaña hay 8 millones de hectáreas que afectan a 3.023 municipios y la mayoría de ellos corresponden a Comunidades del norte de España como Galicia, Asturias, Cantabria o Aragón.

Tras poner de relieve las zonas que se ven afectadas por estas dificultades, la senadora popular dijo que es necesario que cuenten con el el respaldo y la ayuda necesarios y que se lleven a cabo acciones que permitan revitalizar la actividad “bien sea en forma de ayudas directas o las que se establezcan en sucesivos programas de desarrollo rural, así como incentivos específicos a la inversión, siempre con la intención de facilitar una mayor rentabilidad de las explotaciones existentes, aminorar la huida hacia entornos más favorables y estimular el establecimiento de agricultores jóvenes, además de activar el turismo, la artesanía o las industrias agroalimentarias”.

Asimismo, resaltó que la Propuesta de Reforma de la PAC para el periodo 2014-2020 forma parte prioritaria de la agenda de trabajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente “porque los criterios y parámetros de los que parte en muchos aspectos no benefician a España ni a otros países de nuestro entorno”. De ahí –explicó la senadora asturiana- que el Ministerio decidiera acudir a Bruselas aunando las necesidades de todas las Comunidades y presentándose como un frente común, con una sola voz y no con 17 posiciones”.