Ayer se celebró en Bruselas un encuentro que reunió a representantes de las regiones vinícolas de la UE, convocados por la Asamblea de Regiones Vinícolas (AREV), que agrupa a 75 regiones de 18 Estados miembros. El objetivo del encuentro era “convencer” al Grupo de Alto Nivel creado por el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, de la necesidad de mantener el actual sistema de derechos para garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiente del sector vitivinícola europeo, y, con ello, lograr su apoyo antes de la reunión que celebrarán a finales de noviembre para elaborar el documento que deben presentar a la Comisión.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, participó en el encuentro y solicitó a la Comisión Europea que “desista en su empeño” de liberalizar los derechos de plantación de viñedo porque el sistema actual “ha demostrado que no ha sido, ni es, un obstáculo para el crecimiento ni para la competitividad del sector vitivinícola” y que “haga caso a quien sabe de verdad de esto: los representantes regionales y el propio sector, que son quienes están pegados al territorio y construyen una Europa cohesionada y equilibrada”.

La creación del Grupo de Alto Nivel se decidió tras la visita realizada en abril de 2011 a La Rioja por el comisario Ciolos, quien tras escuchar los argumentos que se le presentaron, accedió a reabrir el debate sobre la conveniencia de mantener los derechos de plantación.

Las regiones vitivinícolas, organizaciones agrarias, cooperativas, consejos reguladores de las denominaciones de origen y 15 de los 27 estados que integran la Unión Europea consideran imprescindible que se mantenga la prohibición de las plantaciones, otorgando a cada Estado miembro la capacidad de aplicar una regulación más competa, adaptada a su situación específica.

Los 15 los Estados miembros que se oponen a la liberalización son Francia, Alemania, Italia, España, Chipre, Luxemburgo, Austria, Hungría, Portugal, Rumania, República Checa, Grecia, Eslovaquia, Eslovenia y Bulgaria, países que aportan el 98% de la producción vitivinícola europea, pero representan 215 votos, de los 255 necesarios para lograr el rechazo a la liberalización derechos