La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha manifestado su rechazo al proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha por considerar que generará nuevos gastos al sector agrícola y ganadero de la región que difícilmente podrán repercutir en el precio de venta de sus productos.

Así lo ha trasladado el Secretario General de ASAJA de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, al portavoz del Grupo Parlamentario de las Cortes Regionales, Francisco Cañizares, en el transcurso de una reunión en la que el dirigente agrario ha manifestado su disconformidad con el incremento de algunas de las tasas que ya existían además de la creación de otras nuevas, especialmente, las que afectan al sector ganadero, cuya situación económica es muy delicada y, por lo tanto, debería excluirse de cualquier tipo de gravamen.

En este sentido, la Organización se ha opuesto a la creación de nuevas tasas por expedición de documentación y certificados oficiales como guías de origen y sanidad animal o certificado oficial de movimiento y tramitación de peticiones de elementos de identificación animal (crotales, identificación electrónica).

Del mismo modo, ha considerado abusivas las tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos, así como, las previstas para las inspecciones previas en ayudas para inversiones a las explotaciones agrícolas y ganaderas, entre otras.

La Organización también ha calificado de “inadmisible” que se apliquen tasas a medidas cuyo cumplimiento viene obligado por normativas aprobadas previamente por la propia Administración Regional.

El Secretario General de ASAJA de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha manifestado, no obstante, su confianza en que el texto final de la ley incluya las demandas del sector y, con ese objetivo desde ASAJA de Castilla-La Mancha también se mantendrán reuniones con las Consejerías de Agricultura y Hacienda, a las que le solicitarán un periodo de vigencia limitado de la Ley por considerar que, en cualquier caso, se trataría de una medida excepcional para una situación de crisis económica.

La Organización ha insistido en que la posición de desventaja que ocupa el agricultor y el ganadero en la cadena alimentaria hace que cualquier gasto adicional se traduzca en una merma de su capacidad económica puesto que, a diferencia, de otros sectores, no lo pueden repercutir en el precio de venta de sus productos y, por lo tanto, debería estar exento de cualquier tasa.