El Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, compareció ayer en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Senado para informar entre otros temas de las negociaciones de la PAC.

Arias Cañete ha explicado los principales aspectos de la reforma de la PAC que, a juicio de España, “deben ser analizados, modificados o matizados”. El ministro ha recalcado que el presupuesto mínimo aceptable de la PAC para España es el que aparece en la propuesta de la Comisión y que mantiene la financiación de la PAC dentro del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 en el nivel de 2013: 371.700 millones para el conjunto del periodo. “El alcance de la reforma debe estar supeditado al mantenimiento de dicha dotación presupuestaria”, ha añadido.

El ministro ha resaltado cómo en la reforma desaparece el modelo histórico de pago único, que se sustituye por un nuevo régimen de pago básico por hectárea. El alcance de este punto en España puede llegar a suponer trasvases muy importantes de ayudas entre sectores y territorios que producirían graves desajustes y pondría en riesgo la viabilidad de las explotaciones. “No apoyamos esta propuesta y consideramos necesario plantear un mecanismo de aproximación, progresivo y limitado, para que el nivel de pagos directos sea ajustado a lo largo del periodo transitorio”, ha dicho.

A juicio del ministro, la primera asignación de derechos va a ser clave en el reparto de los fondos. “El hecho de que en nuestro país haya una enorme diferencia entre el número total de hectáreas declaradas para el régimen de pago único en el año 2009 (21 millones) -utilizado en el proceso de convergencia externa- y la superficie total potencialmente subvencionable incluida en el SIGPAC (38,3 millones de ha), puede diluir la cuantía de los importes por hectárea. La mayor parte de esa diferencia, hasta los 38 millones de hectáreas, procede de pastos permanentes.

Arias Cañete ha explicado que para España es imprescindible “limitar el número de hectáreas admisibles que puedan entrar en el sistema, mediante el establecimiento de un periodo de referencia anterior a 2014”. De esta forma el nivel de apoyo podría mantenerse en un valor similar al actual y se minimizaría la competencia entre agricultores y ganaderos por el acceso a la tierra. “De lo contrario, la ayuda media por hectárea en España se reduciría muy significativamente (de 229 €/ha hasta 125 €/ha)”, ha añadido.

REVISAR EL GREENING

El ministro ha manifestado que es “necesaria una revisión de las medidas de greening” para adecuar los requisitos exigibles a unas premisas mínimas. Arias Cañete ha detallado que España comparte el principio de sostenibilidad ambiental, pero que la actividad agraria en Europa es ya hoy de enorme valor medioambiental. “Debemos ser muy cuidadosos para que la configuración del nuevo componente verde cumpla unas premisas mínimas. Que las prácticas sean sencillas, se adapten a la diversidad productiva comunitaria, no afecten a la sostenibilidad económica de las explotaciones y no impliquen mayores cargas administrativas a los Estados”, ha descrito.

En cuanto a la diversificación de cultivos y la superficie de interés ecológica, el ministro ha explicado que la propuesta actual no es aplicable a una agricultura mediterránea como la española. “La propuesta no se ajusta a la realidad agraria española, por lo que proponemos aumentar el umbral a 20 hectáreas, que la diversificación se reduzca a dos cultivos y que el porcentaje de superficies de interés ecológico se reduzca a un 3%”, ha dicho.

Arias Cañete ha recordado que España defiende que hay producciones agrarias que cumplen intrínsecamente con el objetivo medioambiental, como las explotaciones acogidas a medidas agroambientales y climáticas dentro de los programas de desarrollo rural, superficies en zonas Natura 2000, pastos permanentes, cultivos permanentes, cultivos mejorantes como las leguminosas, o cultivos bajo agua. “Estas superficies deben ser acreedoras del pago del componente verde sin exigencias adicionales”, ha descrito.

El titular de Agricultura ha explicado que España es favorable a incluir dentro del primer pilar de la PAC una medida obligatoria de apoyo a los jóvenes agricultores de menos de cuarenta años que se instalen por primera vez como titulares de una explotación agraria, a los que se concederá un pago anual durante un periodo máximo de 5 años.

El ministro ha considerado muy importante el incremento del poder de negociación de los productores y ha explicado que es necesario extrapolar los instrumentos del “paquete lácteo” a otros sectores para facilitar la posición negociadora de los agricultores, a través de la creación de organizaciones de productores que aborden la negociación colectiva de sus precios.

Dentro de las medidas excepcionales, España defiende que las medidas de apoyo del mercado relacionadas con la pérdida de confianza de los consumidores deben ser financiadas en su totalidad por la UE. Arias Cañete ha explicado que el Gobierno defiende el mantenimiento de los regímenes de limitación de la producción como clave para garantizar la estabilidad de los mercados. “España promueve una propuesta encaminada a la prórroga de: las cuotas de producción del azúcar, los derechos de plantación de viñedo y la cuota láctea”, ha concluido.