El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Anteproyecto de Ley por el que se deroga la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, un compromiso de la presidenta Cospedal con el sector vitivinícola, ya que se trata de la normativa más restrictiva de las que existen en España, lo que disminuye la rentabilidad de bodegas y cooperativas.

Así lo ha destacado en rueda de prensa la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, que ha explicado que la actual normativa, aprobada por el Gobierno socialista en 2003, “combina una burocracia complicadísima con medidas que perjudican de manera directa al sector del vino regional, restándole competitividad con respecto a otras regiones y países de la UE”.

Soriano ha mostrado su sorpresa “por el interés del anterior Ejecutivo de poner trabas al sector del vino, cuando somos la mayor región europea por superficie”, además de ser un sector de gran importancia económica para la comunidad. La consejera ha recordado que con esta derogación “el Gobierno cumple con su compromiso de defender al sector vitivinícola”, al tiempo ha destacado que decisión ha sido consensuada con bodegas y cooperativas.

Entre otras cuestiones, la anterior normativa preveía sanciones hasta diez veces superiores que en otras comunidades. Así, el mismo hecho que en otra región supone una multa de 300.000 euros, en Castilla-La Mancha alcanzaba la astronómica cifra de 3 millones.

Fin al ‘impuesto del vino’ y mayor simplificación

Por otro lado, la ley hasta ahora vigente recoge la obligatoriedad de aportar fondos para la promoción, “lo que el sector denomina el impuesto del vino”, ha recordado la consejera, que ha apostado por que “cada viticultor decida libremente lo que hacer con su propio dinero: los que quieran destinarlo a promoción que lo hagan y los demás que lo dediquen a mantener empleo, mejorar sus bodegas o I+D+i o lo que consideren más conveniente”.

Además de los aspectos económicos que tanto perjudicaban al sector del vino, la normativa derogada aumenta la carga burocrática de bodegas y cooperativas, lo que “es contrario a la simplificación que busca el Gobierno regional”, ha expuesto la consejera de Agricultura, que ha asegurado que “con la derogación de la ley no quedará vacío legal”, ya que están vigentes las normativas europea y nacional, así como algunas otras normas a nivel regional.