Esta nueva norma transpone a nuestro ordenamiento, con 9 meses de retraso, la Directiva 2009/128, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. SEO/BirdLife considera que esta normativa puede contribuir a la reducción de los riesgos y los efectos de la utilización de sustancias que tienen un gran impacto sobre el medio ambiente.

El Real Decreto recoge una serie de medidas que restringen el acceso a los productos fitosanitarios, ordenando su venta y utilización por usuarios profesionales que habrán de disponer de la capacitación apropiada para manejarlos de forma sostenible.

La nueva normativa incorpora alguna de las alegaciones aportadas por SEO/BirdLife. Entre ellas, destaca la obligación de establecer, en el futuro Plan de Acción Nacional que establece el Real Decreto, medidas para evitar el uso de productos fitosanitarios ilegales y acciones para mejorar el conocimiento sobre esta materia. Esto incluirá la recogida de información relativa a la muerte de animales que pueda relacionarse con el uso ilegal de productos fitosanitarios, como son los casos de envenenamiento.

Igualmente, como obliga la Directiva, el Real Decreto establece el fomento de la gestión integrada de plagas, un método ya regulado en la normativa europea que podría tener grandes beneficios para la biodiversidad y la economía de los propios agricultores ya que garantiza el uso prioritario de medios naturales contra las plagas y de medidas preventivas, relegando el uso de los fitosanitarios como último recurso. Si se aplicaran todas las recomendaciones y principios de la Directiva, se reducirían significativamente los daños indirectos de estos productos, así como parte de los altos costes de estos tratamientos, algo que no se ha hecho en gran medida hasta la fecha, pero que será obligatorio desde el 1 de enero de 2014.

Medidas pendientes

No obstante, el Real Decreto no ha tenido en cuenta otras aportaciones de SEO/BirdLife referidas a la regulación de la utilización sostenible de productos biocidas, que tienen también un gran impacto sobre el medio ambiente. Tampoco cuenta con una regulación precisa sobre la recogida de los residuos y stocks de productos fitosanitarios que están fuera de uso. La recogida de los restos de estos productos y no sólo de sus envases, algo que si contempla la norma, es imprescindible para evitar su uso fraudulento, causa principal en los casos de envenenamiento de fauna silvestre.

“Desde el proyecto Life+ VENENO propusimos para esta nueva norma la posibilidad de suspender el uso de un producto fitosanitario cuando en la zona de aplicación o en las colindantes, se constatase la intoxicación de especies de flora y fauna protegidas por el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo de Especies Amenazadas. Esta medida, a pesar de su importancia, tampoco ha sido contemplada por el Real Decreto” afirma David de la Bodega del proyecto Life+ VENENO.

El uso ilegal de productos fitosanitarios

Desde el proyecto Life+ VENENO se recuerda que muchos productos fitosanitarios son utilizados de forma ilegal. En España, de 2005 a 2010, se han detectado según los datos aportados por las Comunidades Autónomas donde se han dado casos de envenenamiento,, más de 70 sustancias para la elaboración de cebos envenenados. La gran mayoría de estas sustancias son productos fitosanitarios (sustancias o mezcla de sustancias destinadas a prevenir o destruir directamente, insectos, ácaros, moluscos, roedores, malas hierbas, bacterias y otras formas de vida animal o vegetal perjudiciales para la agricultura, principalmente insecticidas y herbicidas).

También, se utilizan en los envenenamientos algunos biocidas (especialmente rodenticidas anticoagulantes) que son aquellas sustancias utilizadas para la eliminación del resto de agentes nocivos fuera del ámbito de los vegetales, como es el caso de los desinfectantes, conservantes, pesticidas o fungicidas.

El proyecto Life+ VENENO tiene como objetivo lograr una disminución significativa del uso de veneno en España. El proyecto, con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea cofinancia el 40% y la Fundación Biodiversidad el 26%, se desarrolla entre 2010 y 2014.