La organización agraria ARAG-ASAJA considera que la reciente propuesta del Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, de permitir que los derechos de plantación de viñedo sean gestionados por las organizaciones interprofesionales en aquellas zonas vitivinícolas que, como La Rioja, incluyen o forman parte de una DOP o IGP, supondrá un grave perjuicio para los agricultores riojanos, tal y como ya advirtió esta organización a principios de año. Entonces, fueron las asociaciones de la industria vitivinícola española y europea más representativas, las que propusieron este cambio en el modelo de gestión de los derechos, mientras que ahora, el Comisario Ciolos, parece haberse alineado con esas tesis y ha hecho suya dicha propuesta.

Para ARAG-ASAJA, el actual sistema de derechos de plantación, cuya gestión corresponde a las administraciones públicas, ha demostrado ser un instrumento eficaz para estabilizar la oferta y la demanda del mercado, además de ser la única herramienta que puede garantizar la permanencia de los 18.000 viticultores riojanos inscritos en la denominación, por estar basada en el equilibrio social y económico del sector.

Si la autorización de los derechos de plantación pasase a estar controlada por las organizaciones interprofesionales, supondría que el control de los derechos ya no se regiría por criterios sociales y económicos, sino sólo económicos, que no tendrían en cuenta la riqueza social que supone una distribución equilibrada del viñedo. Esto podría alterar el reparto del viñedo en La Rioja en detrimento de los agricultores, que actualmente cuentan con el 85% de las hectáreas de viñedo, en favor de los grupos bodegueros. Además, las organizaciones interprofesionales sólo tienen competencia en su zona delimitada, es decir, en el caso de la DOCa, en los municipios pertenecientes a ella, no en el resto de la región, donde se podría plantar viñedo indiscriminadamente, igual que en las zonas limítrofes de regiones vecinas a Rioja.