La organización agraria ASAJA quiere manifestar su preocupación por las consecuencias de la liquidación de las Juntas Vecinales, según acordó el Consejo de Ministros del viernes 13 de julio, pasando sus bienes a los ayuntamientos a los que pertenecen. ASAJA considera que esta medida nada tiene que ver con otras de marcado carácter económico, de reducción del gasto, que se incluían en el mismo paquete aprobado por el Gobierno, y por el contrario todo apunta a que se ha creado un problema donde no lo había, ya que la decisión tendrá una gran trascendencia política y será motivo de desavenencias entre localidades de un mismo municipio.

Al margen del nulo efecto que va a tener en la contención del gasto público, y por lo tanto será inútil para el fin que se persigue, es dudoso que los bienes que ahora se administran por las juntas vecinales vayan a ser administrados más eficientemente por unos ayuntamientos politizados, endeudados hasta el extremo y con una gestión en muchos casos de auténticos manirrotos. ASAJA está preocupada por la medida porque las Juntas Vecinales son propietarias de una parte muy importante de la superficie agrícola y de cultivo que utilizan los agricultores y ganaderos de la Comunidad Autónoma, fincas que se adjudican a los vecinos del pueblo según establece la costumbre o las ordenanzas locales, pagando unas rentas que hasta ahora han sido asequibles. Una vez estas propiedades entren en manos de los ayuntamientos, además de compartir los derechos y obligaciones con todos los vecinos del municipio, corren el riesgo de utilizarse con fines lucrativos, adjudicando su uso al mejor postor –empadronado o no en la localidad– o enajenándolas, perdiendo los agricultores y ganaderos un derecho de uso que viene desde tiempos inmemoriales. Muchas juntas vecinales están prestando servicios a los habitantes del pueblo solucionando un problema de gestión y económicos a unos ayuntamientos a los que le corresponderían por ley esas competencias.

ASAJA considera que la opacidad en la gestión, dicho así de forma genérica, a la que ha hecho referencia el Gobierno, no puede ser motivo para su liquidación “manu militari”. La obligación del Gobierno es introducir las modificaciones oportunas en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para que las Juntas Vecinales, además de democráticas, sean transparentes en su gestión y rigurosas en la gestión de los recursos. ASAJA se opone rotundamente a la supresión de unas entidades que son las más próximas a los habitantes de los pueblos, que han sabido conservar su patrimonio dándole un uso del que se han beneficiado los vecinos, que no están endeudadas, que están menos politizadas que los municipios y que hasta ahora nadie las había cuestionado porque no había motivos para cuestionarlas.

ASAJA de Castilla y León ha solicitado a la Junta, a través del consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, que esta cuestión se aborde en la próxima reunión de la Mesa de Ordenación del Territorio –donde están presentes partidos políticos, organizaciones sindicales, agrarias y empresariales– y que se apruebe una declaración en defensa de dichas entidades locales menores que se haga llegar al Gobierno de la nación.