LA UNIÓ de Llauradors desea expresar su malestar por las declaraciones realizadas por la ministra de Fomento, Ana Pastor, en las que atribuye la situación de riesgo de quiebra de las concesionarias de autopistas al sobrecoste pagado por las expropiaciones.

El Ministerio de Fomento va a salir al rescate, con una cifra de 290 millones de euros incluida en los presupuestos de este año, de las concesionarias de nueve autopistas de peaje, dos de las cuales conectan Alicante con Albacete y Madrid y Murcia.

La titular de Fomento ha dicho que las concesiones en riesgo de quiebra “se deben en gran parte al sobrecoste generado por las expropiaciones de los terrenos que en muchos casos se ha disparado un 175%”. Sin embargo, LA UNIÓ ve un claro desconocimiento de la realidad por parte de Ana Pastor porque muchos de los agricultores expropiados tardaron en cobraron y además percibieron cantidades muy por debajo de los precios de mercado en zonas muy productivas.

LA UNIÓ indica que las concesionarias de autopistas recurren todas las resoluciones del Jurado ante el Tribunal Superior de Justicia respectivo, lo que obliga a los propietarios de terrenos a entrar en un proceso judicial con el agravante de que si las competencias de las expropiaciones no están en los juzgados provinciales, sino en el TSJ autonómico, se obligue a ir a la gente de Alicante a Valencia.

Esta organización agraria considera que si las concesionarias hubieran destinado el dinero empleado en sus servicios jurídicos y peritos judiciales para pagar las expropiaciones en tiempo y forma se hubieran ahorrado mucho dinero y tal vez no se encontrarían ahora con estas dificultades económicas. Por ejemplo en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia se pudieron llevar más de 1.200 expedientes del Jurado de Alicante por las expropiaciones de la autopista de Alicante a Cartagena hasta el punto que se llegaron a contratar magistrados de apoyo para salvar la avalancha que les supuso.

En este sentido LA UNIÓ dice que ha sido una práctica dilatoria consciente por parte de las concesionarias Ausur y Aucosta el hecho de retrasar los pagos desde un principio, porque las concesiones ya se otorgaron a la baja para lograr el negocio. “Ese es el principal problema y no el de las expropiaciones y los agricultores como se pretende hacer ver desde el Gobierno, que da la sensación muchas veces de tener una actitud enfermiza por defender a los poderosos y maltratar a los más débiles”, señalan fuentes de LA UNIÓ.