Al contrario de la primera intervención del ministro, Maria Campuzano, portavoz de la Alianza ha denunciado y valorado negativamente el texto preliminar sobre el que se trabaja en la Cumbre oficial ya que “no se reconocen las causas profundas de la crisis ambiental y social, en concreto, el crecimiento económico como paradigma y solución en un planeta de recursos finitos, ni se proponen metas, ni financiación”.

El ministro ha valorado positivamente que en el texto aparezcan los objetivos generales del Milenio y que se reconozca el derecho humano al agua y al saneamiento, pero ha reconocido la falta de instrumentos que permitan cumplir tales objetivos. El ministro ha afirmado que “la Unión Europea no ha sido responsable de no haber llegado donde había que llegar”, y ha culpado al Grupo 77 y más en concreto a los BRICS por no querer responder a los grandes retos, como les corresponde, en su papel de potencias emergentes. El ministro no ha respondido al argumento relacionado con la imposibilidad del crecimiento económico en un planeta finito.

Por otro lado, el ministro ha defendido la importancia del sector privado en la economía verde. María Campuzano ha alertado sobre la privatización de bienes públicos, a lo cual el ministro ha contestado que “si el sector privado entra a gestionar el agua, esto no es privatizar”. También, el ministro ha afirmado que el sector de las energías renovables tiene un potencial y futuro indiscutible en el Estado español, a lo que Rosa Lago, otra miembro de la Alianza le ha espetado que el sector fotovoltaico ha perdido aproximadamente 30.000 puestos de trabajo, mientras la revista sobre energía fotovoltaica Photon, en su portada de febrero de 2012, calificó la política del gobierno como “amenaza de muerte a las renovables”.

Arias Cañete se ha escudado en el déficit tarifario acumulado y ha sugerido llevar a subasta las energías renovables, como cualquier otra fuente energética, y se le ha respondido si también sacará a subasta la producción eléctrica de Iberdrola o Endesa, y que el déficit tarifario no es responsabilidad de las fuentes renovables, sino de la política de financiación de las empresas eléctricas que el gobierno del PP puso en marcha en 1999.