La organización agraria ASAJA apoya la decisión de la Junta de Castilla y León, recientemente comunicada a las organizaciones profesionales agrarias, de encomendar de nuevo la campaña oficial de saneamiento ganadero a los veterinarios oficiales de la Junta, después de que durante muchos años este servicio estuviera externalizado con un coste muy elevado para las arcas públicas. ASAJA considera que la Junta tiene funcionarios con la titulación específica en número suficiente para poder hacer a lo largo del año la campaña de saneamiento, sin desatender otras labores rutinarias propias de su puesto de trabajo que cada vez son menores, con lo que se mejorará el servicio prestado al sector y se ahorrarán varios millones de euros que se podrán destinar a otras prioridades agrícolas y ganaderas. Por razones de objetividad, imparcialidad y profesionalidad, este servicio nunca debió de salir del ámbito de lo público en el sentido más estricto de la palabra.

Ahora que la Junta va a presentar los Presupuestos Generales para el año 2012, que sin duda vendrán con fuertes recortes que obligarán a marcar objetivos prioritarios en cada uno de los subsectores, también en el agropecuario, la primera decisión que exige ASAJA a la consejera Silvia Clemente es que aplique un plan para optimizar los recursos humanos, que por su condición de funcionarios públicos no se puede prescindir de ellos, y se evite la contratación de personal interino y de empresas a las que se le encomiendan trabajos que corresponde realizar a la Administración. Esta medida, que afecta sobre todo a áreas de trabajo relacionadas con la sanidad animal y vegetal, la gestión de ayudas y las infraestructuras agrarias, supondría un ahorro anual del entorno de los 30 millones de euros, lo que representa el 5 por ciento del presupuesto total de la Agricultura en el pasado ejercicio 2011.

La organización agraria ASAJA será exigente con la Junta y con la consejería de Agricultura cuando en los próximos días se presenten los presupuestos. La principal organización agraria de la Castilla y León entenderá medidas de ajuste que sin duda redundarán de forma negativa en la renta y la competitividad de las explotaciones agropecuarias, pero para ello la consejera Silvia Clemente tendrá que demostrar fehacientemente que se ha comenzado por hacer el esfuerzo en los capítulos I y II del presupuesto, es decir, en gastos de personal y bienes corrientes, y de no ser así la organización profesional se opondrá a las cuentas agrarias con la máxima contundencia. Lo contrario es lo que ha hecho el ministerio de Agricultura, que en los presupuestos de 2012 contempla un reducción mínima del 3,04% en los gastos de personal y un 8,47% en los gastos corrientes, mientras que la inversión productiva, que son las inversiones reales y las transferencias de capital, caen el 16,02% y el 49,81% respectivamente.